Según Roche esto se habría hecho para conseguir la legalización de vehículos (taxis) que no tienen permiso de operación: “La Fiscalía debe iniciar de oficio una indagación inmediatamente... El delito sería cohecho”, dijo.
En el 2008, la Agencia Nacional de Tránsito inició el proceso de regularización de los taxis ejecutivos en el país en base a un estudio en el que se invirtió aproximadamente $ 900 mil pero han existido críticas de los sectores formales de la transportación sobre cómo se distribuyen los puestos y han insinuado irregularidades.
Roche, asambleísta por el Guayas, cree que es preciso que se aclare lo sucedido y pide que Ricardo Antón responda, incluso, si deja el puesto, como se señala en los medios de comunicación.