Aquí va el resto del contenido de la carta-bomba enviada por Lucía I a S.M. Rafico I, cuyo alarmante final voy a compartir con vosotros.

Pero (el infaltable) antes, permitidme que os diga que no puedo aguantarme las ganas de expresar mi sorpresa al enterarme que TIDE ya tiene en su poder copia del tan “reservado y confidencial” documento que estuvo celosamente oculto: ¿Recordáis la auditoría contratada por APM con la ULEAM con el fin de analizar la ruptura unilateral de la concesión y cuantificar daños y perjuicios causados por TIDE a Puerto Manta? ¿Y que contiene también las estrategias legales que debe emplear APM cuando tenga que enfrentar a TIDE en la Mediación en Quito y en el Arbitraje en Panamá?

Como bien sabéis, este plan estratégico le costó $ 80.000 a APM. Mientras que TIDE, para conseguirlo, no pagó ni siquiera los 5 centavos que vale la copia de cada hoja. ¿Con qué cartas irá entonces APM a sentarse a la mesa de negociaciones, si su contendor, TIDE, tiene todo el naipe a la vista, ah?

Y ahurita, el resto de la carta-bomba:

“Hay inversionistas (operadores y administradores de puertos) que desde el año 2009 han demostrado interés en el puerto con sus cartas de intención… Vale destacar (sin embargo) que todo el esfuerzo que su Gobierno realice para preparar el terreno apropiado en un proceso futuro de delegación del puerto, deberá superar (primero) las etapas de Mediación y Arbitraje Internacional, situación que ha tenido avance lento y carente de decisión de los actuales administradores de APM. Han transcurrido 16 meses desde la terminación unilateral del contrato de concesión y recién se han concluido tres reuniones de negociación, previas a la Mediación y Arbitraje en Panamá. Consecuentemente, no podrán ser delegadas a ningún operador internacional las actividades y administración del puerto de Manta, hasta tanto se resuelvan todos los aspectos inherentes a la liquidación del contrato de concesión anterior”. ¡Gravíchimo, no!

Y el remate: “Desde el mes de marzo del 2010 APM ejecutó la garantía de fiel cumplimiento por $ 7.7 millones, como parte del finiquito del contrato de concesión. Este valor debió ser invertido obligatoriamente por resolución del directorio en obras de infraestructura para potenciar el puerto, al considerar el estado crítico de instalaciones, patios, muelles, accesos, etc... Transcurrieron 14 meses y el Ministerio de Finanzas procedió a retirar esos fondos, ya que por falta de gestión y planificación (de APM) no se prepararon los proyectos oportunamente para la utilización adecuada de estos recursos, como era de esperarse”. ¡Lagarto que traga…!