La causa según el presidente del gremio, Medardo Briones, es porque las obras hidráulicas efectuadas en la urbanización La Clemencia del cantón Quito, que fueron puestas en la oferta de H&H como experiencia para participar en la licitación, no existirían. A esa conclusión llegaron luego de recibir un informe de inspección realizado el 17 de noviembre por el teniente político de Pintag, Guillermo Cantos, quien habría verificado que “no existe urbanización, peor aún un proyecto de agua potable y alcantarillado efectuado por H&H”, según el informe. Briones señaló que el directorio recibió los documentos de parte de “un afiliado al gremio”, sobre la adjudicación y el pedido de inspección judicial. Además les hicieron llegar los resultados de la verificación efectuada por Cantos, que fue solicitada por José Infante, representante legal de una de las constructoras que participó de la licitación. “Nosotros solicitamos copia de la documentación que sirvió a la comisión técnica para analizar las ofertas y la adjudicación, pero nunca recibimos respuestas, y ante esto fue que decidimos dar a conocer nuestro criterio”, dijo Briones. Es resentimiento Para Víctor Hugo Sacoto, director del proyecto de agua potable, la actuación de Briones se debe a un resentimiento contra el Municipio, porque éste a través de su empresa Condiseño y asociada con Acolit y Planma de Quito participaron para la fiscalización del plan de agua potable, pero fueron descalificados porque desde hace cinco años no realizan trabajos similares. Además señaló que de acuerdo a la ley, la inspección realizada por el teniente político no es válida, y por eso los directivos de Coandes e Hidrovalle que son las empresas que están denunciando a H&H solicitaron una inspección judicial que fue efectuada por Beatriz Suárez, juez octava de lo civil de Pichincha, quien constató la presencia de obras de ingeniería hidráulica en La Clemencia. La posición de la Cámara de la Construcción no ha tenido el respaldo de varias agrupaciones como el Colegio de Ingenieros Eléctricos y de Periodistas, así como del rector de la universidad San Gregorio, Marcelo Farfán, quienes consideraron que hay que dejar de lado los intereses gremiales y profesionales, para que las obras de beneficio social sean ejecutadas.