Sería saludable que cada vez más personas y empresas acojan esta posibilidad legal para que al menos así más recursos sean descentralizados a favor de las obras. La ley, que tiene unos tres años de vigencia, es relativamente nueva y por lo tanto poco a poco va consolidando la oportunidad que tienen los organismos seccionales de mejorar sus presupuestos de inversión. Para una municipalidad como la de Portoviejo, que está asfixiada por el gasto corriente, y que únicamente tiene unos 300 mil dólares para invertir en obras en el 2007, la ley, bien gestionada, le podría dar más que esa cantidad al año. Al menos así eran las proyecciones que se dieron a conocer con los primeros años de recaudación. Por otro lado Manta está financiando una de sus más grandes obras, la avenida de la Cultura, con los recursos que le permite captar la ley. El caso es interesante porque por el prestigio ganado por esa administración municipal incluso han podido invertir hoy las recaudaciones que logren en los próximos años, esto, a través de figuras financieras como la titularización de flujos futuros. Sin embargo hasta ahora las recaudaciones son básicamente locales. Las empresas nacionales que venden fuerte en Manabí no están compartiendo su Impuesto a la Renta con este mercado que bien las acoge. Claro está, existen excepciones solidarias que conviene resaltar. La ley permite que un contribuyente del impuesto destine su 25 por ciento a cuantas instituciones guste. Es decir, que una gran empresa con venta en varias plazas del país, bien podría destinar su aporte a cada una de ellas. Dependerá de la calidad de la gestión de los interesados el lograr más.