Además, todos aquellos que quieran viajar estarán obligados a comprarse otro boleto de avión, cuyos precios oscilan entre los 2 mil y los 6 mil euros, a destinos como Toluca, Buenos Aires, Guayaquil o Bogotá. Mientras que las oficinas de Air Madrid continúan cerradas a cal y canto, sus teléfonos sin atender a las numerosas llamadas de clientes indignados, centenares de afectados por el cierre súbito de la aerolínea permanecen acampados en los aeropuertos de Madrid-Barajas y del Prat de Barcelona. El presidente de la empresa, José Luis Carrillo, decidió finalmente dar la cara ante el caos provocado por su gestión, después de haber permanecido en paradero desconocido desde el inicio de la crisis. Carrillo se limitó a confirmar el interés de varias empresas por comprar la aerolínea y adelantó que la declarará en suspensión de pagos. Al cierre de la edición, medios de información españoles confirmaron que la empresa presentó ante un juzgado mercantil la solicitud para declararse en suspensión de pagos. La tensión y la indignación de los afectados, mitigada en ocasiones por el fuerte dispositivo policial, aumentó hoy al confirmarse el final del "dispositivo de emergencia" adoptado por el gobierno español por "razones humanitarias". Según los criterios fijados por este plan especial, los únicos pasajeros susceptibles de ser "recolocados" en algún avión de otra línea comercial o con derecho a ocupar alguna de las plazas de los aviones fletados por el gobierno eran aquellos que tenían pendiente el regreso a sus lugares de origen, pero que tuvieron prevista la vuelta entre el 15 y el 21 de diciembre. Según las estimaciones de Fomento, los afectados susceptibles de ser atendidos por el dispositivo rondarían los 21 mil, de los cuales ya lograron viajar alrededor de 5 mil, con lo que habría unos 16 mil que, por falta de medios o de espacio en los aviones, aún permanecen a la espera de solución, entre ellos ciudadanos mexicanos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, panameños, costarricenses, dominicanos y, por supuesto, españoles. En las últimas horas del plan de emergencia, el gobierno español fletó cinco aviones, con destino a Guayaquil, Santo Domingo, Panamá, Lima, Bogotá y Bucarest. El Ministerio de Fomento precisó que los pasajeros que están pendientes de volar serán "recolocados" en otros aviones comerciales, pero que ya no se fletarán más aviones especiales para este operativo, lo que significa que la repatriación de los afectados será aún más lenta de lo que ha sido hasta ahora. Esto significa que todos aquellos pasajeros que estén pendientes de volar a partir de este viernes en adelante deberán acudir a la justicia ordinaria para exigir la devolución de su dinero o que, en su defecto, la propia compañía se haga responsable de buscarles una forma de volver a sus casas. Pero de los más de 100 mil afectados no contemplados en el plan especial del gobierno, la mayoría son migrantes latinoamericanos que tenían previsto pasar las navidades con sus familias, que también deberán acudir a los tribunales para reclamar la devolución de su dinero y, si cabe, una indemnización por los daños provocados. La oficina especial creada por el gobierno para atender a los afectados ha atendido más de 40 mil llamadas, de las cuales alrededor de 6 mil se han transformado en reclamaciones formales contra la aerolínea. A pesar de que los funcionarios de Aviación Civil anunciaron a los afectados concentrados en los aeropuertos que finalizaba el "dispositivo de emergencia", los afectados de Air Madrid se resisten a asumir que han sido estafados por la empresa, que el gobierno y la compañía les han dejado desamparados y que podrían pasar meses, quizá años, hasta que logren recuperar su dinero, que muchos de ellos ahorraron durante años de trabajo y sacrificios. Así, continuaron gritando a voz en grito "¡Queremos viajar!" y hasta reclamaron la presencia del presidente del gobierno, con otro grito ya habitual en los aeropuertos españoles: "¡Que venga Zapatero!" Un grupo de viajeros colombianos atrapados en el Prat de Barcelona decidieron llevar más allá su protesta y cortar el tráfico de las principales avenidas del aeropuerto, lo que provocó un caos vial durante unos 20 minutos, hasta que la policía antidisturbios disolvió la protesta. Asimismo, los pilotos de Air Madrid se reunieron con los responsables de Fomento y de Aviación Civil para solicitarles el permiso para volar en los próximos 10 días, al menos para lograr transportar a los miles de afectados, al sostener que los aviones "no presentan problemas de seguridad".