Permitir que se eliminen dos fiestas tradicionales y enraizadas en la identidad cultural de Portoviejo, es alimentar la burla, el regionalismo local y fomentar aún más el centralismo vigente en contra de provincias como Manabí, acción gubernamental sustentada en una política déspota, ciega y opresora del presente gobierno de turno en contra de su gente y autoridades.

Es que no hay otros términos para calificar, definir o señalar la actitud de eliminar la celebración del 12 de marzo de 1535, fecha de fundación; y del 18 de octubre de 1820, su  independencia española, so pena de hacer trabajar a la población administrativa y pública cuarenta horas a la semana por un decreto gubernamental que estipula que Portoviejo solo debe tener feriado el 25 de junio de cada año, hecho que se permite también con la anuencia y complicidad de  autoridades provinciales; tamaño desconocimiento histórico y filosófico no solo para Portoviejo sino hacia otros cantones en sus fiestas y tiempos, en que su gente dedica con fe y apoteosis su garbo cívico y ancestral en homenaje existencial a sus creaciones  políticas y administrativas.
Sería una clara confabulación o conspiración moral y espiritual si la sociedad civil e integral de los portovejenses, permiten que se ejecute esta ley que atenta sus intereses culturales y formativos; puesto que está a la vista el desmedro,  estropeo y menoscabo al que ha sido sometida la ciudad por gobernantes de turno, solo por el hecho de que quienes han llegado al puesto de burgomaestre municipal, no son de su agrado moral y partidista. Tal como se puede observar en la actualidad, anexo también al desinterés de muchos de sus habitantes que solo son meros observadores y se dedican  a expresar lo malo y lo feo que tiene Portoviejo como toda ciudad, tales como el hecho de que tal o cual calle tiene huecos, es polvorienta,  faltan tuberías, alcantarillados de aguas servidas, alumbrado eléctrico  o si la mano municipal aún no ha pasado por el sector, emitiendo toda clase de epítetos para tal o cual funcionario de la ciudad, en vez de resaltar semblantes positivos  que la proyecten por una visión mejor.
La historia cultural de los pueblos  no puede ser borrada por el decreto 710, de la Ley orgánica del Servicio Público, a pretexto de que hay que trabajar más para desarrollar al país, sin compaginar el quehacer diario dentro de la vida de sus habitantes en sus diversas manifestaciones. La toma de conciencia no solo debe ser para pregonar consultas populares si están de acuerdo con lo que hace el Presidente de la República para cambiar la legalidad jurídica y social de la nación, sino respetando su forma y status de vida adquirida a través de su proceso histórico evolutivo. <