Las quejas también se han dado porque Michael Tuárez y Edwin Aguayo, involucrados en casos de extorsión con amenazas de muerte, también fueron puestos en libertad.
Las críticas están dirigidas al juez décimo primero de  lo Penal, Roger Pico Benítez, a quien el jefe de Policía de Manta, Miguel Cisneros, cuestionó públicamente por haber liberado al policía involucrado en el caso de drogas.
Pico también liberó a los presuntos extorsionadores.
Cuando fue consultado por la libertad  de los sospechosos, el juez dijo que lo hizo aplicando la Constitución.
En ella se señala que la prisión preventiva es el último recurso a aplicar y en vez de eso se pueden adoptar medidas sustitutivas.
Según Pico, los acusados tienen arraigo social, por lo que su presencia durante  los procesos que se investigan está garantizada.
Pico aplicó una medida  sustitutiva en todos los casos. Esto es que los procesados se presenten cada 8 días en su espacho y la prohibición de salir del país.

Inconformidad.  Sin embargo, Jaime Robles Cedeño, director regional de la Procuraduría General del Estado, cuestiona su decisión.
Robles señala que el delito en el que están involucrados el policía Leonardo Maldonado, Luis García y Gabriel Mera es sancionado con reclusión, por lo que no es posible, ni procedente, conceder una medida sustitutiva.
El procurador solicita en forma expresa al juez Roger  Pico que deje sin efecto esa medida sustitutiva y que los procesados sean otra vez detenidos. También el fiscal Vicente Párraga presentó una queja ante el fiscal provincial, Agustín Zamora. En ella objeta la actuación del juez en estos casos.
El fiscal señala que él y la Policía “se sienten impotentes ante la actuación del juez Roger Pico, quien pone en riesgo las investigaciones y expone a la gente a merced del peligro”.
Párraga pide que Pico sea investigado.