En períodos de quince minutos cada uno, empresarios, asambleístas, toreros, dueños de casinos, ciudadanos a título personal y representantes del Gobierno expusieron ante los magistrados Nina Pacari y Roberto Bhrunis -quienes se dividieron las preguntas- sus posiciones sobre el referendo.

La mayoría de las posturas se alineó en contra de la consulta que, según el presidente, busca acabar con la corrupción que está encarnada en la función Judicial, entre otros fines.

Precisamente una de las preguntas planteada propone una reestructuración de la Función Judicial, algo que para Correa es fundamental para que el país avance, pero que ha sido interpretada por otros grupos como una injerencia en funciones del Estado.

Ante Bhrunis, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Blasco Peñaherrera, apuntó que "la Constitución establece que si es que hay derechos que pueden ser restringidos, el camino es por la Asamblea Constituyente, no es una consulta o un referendo".

Según él, entre los derechos que se ven afectados con la consulta están ser juzgado por un juez independiente, la celeridad procesal, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.

En su intervención, el director nacional del partido de oposición Movimiento Popular Democrático, Luis Villacís, dijo que el Ejecutivo se ha "derechizado" y ahora pretende modificar la propia Constitución que auspició pues, a su criterio "se ha convertido en una camisa de fuerza para gobernar".

Para Villacís, la consulta es "inconstitucional y mañosa" pues con ella, a su entender, se pretende "asaltar la función Judicial nombrando a dedo a jueces que se pongan a su servicio para cubrir los actos de corrupción del Gobierno".

Se trata de un "asalto" a la función judicial pues el referendo plantea que serán el Ejecutivo, la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) y la función de Transparencia y Control Social quienes designen la Comisión que reestructure la función judicial, explicó.

El Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, pidió por su parte que se declare la inconstitucionalidad de las dos primeras preguntas de las diez que se plantean en la proyectada consulta y opinó que si se insiste en esas modificaciones "el procedimiento debe ser a través de una Asamblea Constituyente".

Tanto Pacari como Bhrunis se dividieron el temario de la consulta que se debatió en las audiencias, que se cumplieron en forma simultánea en dos salas de la Corte.

Así, Pacari se encargó del estudio de las 5 preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras que Bhrunis se ocupó de las que acarrean cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.

Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.