La Ley está vigente desde el 30 de diciembre pasado y establece que las nuevas inversiones que se realicen no pagarán el Impuesto a la Renta por los primeros cinco años de vida de la empresa, con la finalidad de propiciar el crecimiento económico de todo el país.
Con la medida, el Gobierno espera atraer alrededor de 5 mil millones de dólares de inversión extranjera en los próximos dos años, precisó  oportunamente el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco.
Según el viceministro coordinador de la Producción, Mauricio Peña el Código plantea reglas de juego claras y define con claridad los roles de las distintas instancias, lo que atraerá a los inversionistas.

 SOBRE IMPUESTO.  El Código, que contiene 88 artículos, pretende incentivar a las compañías que actualmente operan en el país con la reducción progresiva del Impuesto a la Renta, en un punto porcentual al año, hasta por tres años.
Dicho beneficio está dedicado a las empresas de turismo, metalmecánica, agroindustria y demás sectores estratégicos que mejoren los salarios de sus colaboradores, generen empleo, incrementen su productividad y realicen una producción más limpia.
Con esa serie de incentivos el objetivo es que la inversión actual, que representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto se duplique durante los primeros cinco años de vigencia del nuevo marco jurídico.
Sin embargo para garantizar la aplicabilidad de los incentivos es necesario desarrollar un reglamento, que según el director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco estará listo a fines de este mes. El documento, dijo, se está elaborando de manera multidisciplinaria, en coordinación con el Ministerio de la Producción.

 AFÍN A CONSTITUCIÓN. El analista económico, Walter Navas, manifiesta que el nuevo marco jurídico cumple con la política que está en la Constitución, en la parte económica, productiva, social y en todos los frentes que abarca la Carta Magna.
“Hay un marco general interesante porque topa muchos aspectos sociales que en las leyes actuales no se lo hacía. Abarca aspectos de protección y desarrollo, de innovación tecnológica, sectores especiales, la protección del comercio exterior, se crea el Comex, es muy interesante porque se busca limitar las importaciones y mejorar la oferta exportable, a través no solo de empresas comerciales, sino de las micro, pequeñas y medianas empresas”, puntualiza Navas.
Pero el analista percibe que lo difícil es el salario de la dignidad. “Porque hay muchas empresas que no van a poder pagarlo, o muchas que van a dar un valor anticipado y es posible que las utilidades no compensan ese valor que se pagará por anticipado”, agregó.
En el tema del salario digno, Navas no encuentra claridad respecto de la fecha en que se debe definir el salario digno, “porque debe haber una fecha de corte que diga este el costo de la canasta básica familiar y este es el promedio de personas que trabajan en un hogar. No está claro quién define eso, si es que se va a coger una fecha de diciembre, o va a ser analizado mensualmente, porque la canasta básica varía mes a mes”, acotó.
“El código señala que habrá un reglamento, y eso es una parte que preocupa al sector empresarial, porque los asambleístas no se han manifestado al respecto, lo que quiere decir es que se no aplicará de inmediato porque no hay un reglamento, actualmente es interpretativo, y la Dirección del Ministerio de Relaciones Laborales puede decir hay que pagar ahora, pero puede que los inspectores discrepen y digan que, el riesgo es que haya juicios y fallos judiciales que queden en el limbo”, acotó Navas.
Para Navas es muy interesante también la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), porque bajo ciertas circunstancias se podrían desarrollar para promover y crear productos, con ello se ahorrarán impuestos, se puede atraer la inversión y generar la asociatividad para el sector público o privado. <

TEMA DE REDISTRIBUCIÓN DE TIERRAS GENERA DESCONFIANZA EN EL AGRO

Siguiendo con el tema y al consultarle cuál es diferencia con las zonas francas existentes en el país, y especialmente en Manabí,  Walter Navas, analista económico, indicó que las zonas francas existentes tenían  una legislación limitada y eran más de tipo comercial y de desarrollo productivo, en cambios las ZEDE se amplían más, se convierte en un centro de desarrollo tecnológico, de innovación, emprendimiento.

HAY DUDAS. El presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, Mesías Tatamuez, duda que la nueva normativa facilite el desarrollo del país, de la economía y el crédito.
La percepción de Tatamuez se centra en la creación del llamado trabajo discontinuo o temporal, que su criterio implica volver a la tercerización.
Emilio Barriga Andino, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) considera que el Código en general combina los incentivos a la inversión privada a través de exoneraciones tributarias, con la responsabilidad social-empresarial, dentro de la cual no se podrá declarar utilidades mientras los trabajadores no reciban el salario digno. Además, dijo, el tema de la redistribución de la tierra es muy oportuno porque en Ecuador hay muchas tierras ociosas.
Pero no todos opinan lo mismo. Hay personas que desconfían de la buena aplicación de la normativa.
En cambio, Barriga lo defiende: “Este artículo del Código es claro cuando precisa que no es que quitará propiedades, sino que fomentará y facilitará el acceso de la tierra a las familias y comunidades campesinas carentes de ella, dándoles preferencia en los procesos de redistribución de los terrenos que están sin utilización, mediante mecanismos de titulación, transferencia de tierras estatales y mediación para la compra y venta de tierras disponibles en el mercado”, indicó Barriga.
Este artículo, el 61, sobre el acceso a la tierra y de su fomento integral, establece el incentivo de mecanismos de comercialización alternativos para que, a la vez que se procura el mejoramiento de los ingresos de las familias campesinas productoras, se garantice el abastecimiento de los mercados locales y regionales.

MÁS ALIMENTO. Este Código, aseguró Barriga, apoya la soberanía alimentaria del país, por medio del fomento a la producción de alimentos para el consumo nacional, incentivando, además de la productividad, la producción de bienes que favorezcan la nutrición adecuada de las familias ecuatorianas, especialmente  de la niñez. <