Luego de la dura realidad que constituyó el trágico accidente de tránsito acaecido el 24 de diciembre del 2010, protagonizado al caer al abismo un bus de servicio público de la cooperativa de transporte Reina del Camino, el país entero tenía que expresar su pesar por el infausto suceso, y solidarizarse con todas las familias afectadas por un hecho que, lamentablemente, no es nuevo ni el primero que ocurre en el sistema de transportación colectiva nacional, que ha estado inmerso en una serie de contradicciones legales, cuyo ordenamiento ha venido siendo reclamado por la ciudadanía en general, pero también es cierto que estos son casos fortuitos, hechos imprevistos en que no existe la intencionalidad de causar daño, pero las desgracias así se dan.

El estado debe de velar por la seguridad en la transportación, y ante varios hechos similares ocurridos, el gran público lo ha reclamado, pero las discusiones se han dilatado sin llegar a soluciones legales, oportunas y urgentes, por lo que diríamos que el accidente señalado tiene varias corresponsabilidades.
Ahora bien, sanciones y correctivos tienen que existir, pero proporcionados en el ámbito de la ley y la justicia, que debe tener el mismo rasero para todos, pues en accidentes similares acaecidos hace poco no se quitó el permiso de funcionamiento en forma definitiva como hoy se lo hace con la cooperativa Reina del Camino, que en público manifiesta la voluntad de encarrilar su actividad conforme lo señalen la constitución, leyes y reglamentos existentes al respecto.
Es que Reina del Camino significa un esfuerzo muy grande de un grupo de obreros de la transportación y pequeños empresarios que hace 50 años tuvieron el emprendimiento de crear esta cooperativa, que en este lapso logró organizarse y crecer hasta unir con su ruta a todos los 22 cantones de Manabí, a casi todas sus parroquias con los lazos fraternos de la comunicación terrestre; hoy con modernas unidades que han brindado un servicio que evolucionó mejorando, y que a su vez enlazó a Manabí con 10 provincias de la Patria.
Esta  labor encierra a 132 unidades, una gran infraestructura lograda por un grupo de inversionistas pequeños; nadie es millonario en la empresa, su riqueza ha sido la unión y tras de ellos hay miles de personas en sus socios, choferes, oficiales, empleados; y podemos decir cientos de miles de usuarios que hoy pedimos se haga justicia a Reina, que significa trabajo, capital, endeudamiento, lo que tiene que ser garantizado. Y su acción de servicio y derecho al trabajo, amparado en el art. 339 de la Constitución vigente; y, por lo tanto, pedimos que se le devuelva su derecho a seguir rodando por todas las rutas del país, cumpliéndose las disposiciones legales de un justo y recto proceso.