Con el voto de 83 asambleístas, de 117 presentes en la sesión de su pleno, la Asamblea definió 123 reformas que incluyen a los gobiernos locales en el control y regulación del transporte.

La ley crea la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que supervisará y elaborará un plan nacional sobre su competencia, informó la Asamblea en su portal web.

Precisa, entre las sanciones, la pérdida de puntos en el carné de conducir a quienes cometan infracciones, pero endurece la pena a quienes causen accidentes o reincidan en manejar ebrios.

Fija un plazo de tres meses a las compañías de transporte público para que presenten los contratos y documentos de afiliación a la seguridad social de sus chóferes.

La aprobación de la ley se da en medio de un acalorado debate entre el oficialismo y la oposición y en el que han intervenido los gremios de transportistas.

La controversia también ha estado matizada por las consecuencias de un lamentable accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de diciembre, cuando un autobús de pasajeros cayó a un precipicio en una carretera de la costa del país y dejó como resultado 37 personas muertas y 46 heridas.

El accidente se produjo por fallos mecánicos en el sistema de frenado del autobús que pertenecía a la cooperativa Reina del Camino, cuya operación ha sido suspendida de manera indefinida.