El secretario Jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, indicó hoy que el presidente Rafael Correa enviará el próximo lunes a la Corte Constitucional el listado de preguntas para la consulta popular.

Simon comentó a Efe que la Corte Constitucional podría estudiar las preguntas enviadas por el Ejecutivo durante unos 30 ó 45 días, y devolver posteriormente el texto a Correa.

Luego de ello, el jefe de Estado debe emitir el decreto ejecutivo tras lo cual el CNE tiene "siete días para convocar a la consulta y sesenta días para realizarla".

En caso de cumplirse los plazos mencionados por Simon, éste calcula que la consulta podría realizarse en "abril o mayo".

"Todo dependerá de la fecha de presentación del presidente y del tiempo que le tome a la Corte Constitucional calificar", recalcó el director del máximo ente electoral del país.

El coste de la consulta depende de la cantidad de preguntas, pues ello impacta en temas de difusión, producción de materiales y actas, entre otros, comentó Simon.

El funcionario estimó en todo caso que podría "estar alrededor" del presupuesto del referendo realizado en 2008, de 28 millones de dólares.

Mera dijo que las preguntas se han reducido a 9 ó 10 "por razones de eficiencia administrativa tanto de proceso electoral como de votación", según indicó El Ciudadano, el diario oficial del Gobierno.

El secretario jurídico señaló también que la elección de los temas que se consultarán depende directamente del presidente Correa.

Simon anotó que para que se aprueben los asuntos planteados se requiere la mitad más uno de los votos válidos (de los que votan "sí" o "no"), descontando los nulos y blancos.

El pasado sábado Correa adelantó que temas sobre justicia, medio ambiente, sector público, acciones de la banca y medios de comunicación figurarán en la consulta popular que prevé realizar este año.

"Vamos a gobernar cuantas veces sea necesaria con el pueblo", dijo entonces Correa.

El jefe de Estado adelantó que entre los temas de la consulta constan reformas en el ámbito judicial, y entre ellas, mencionó la posibilidad de que se "conforme una comisión técnico-ejecutiva de tres miembros: representantes del Gobierno, de la Asamblea y probablemente, representante del poder Judicial".