Desde el inicio la sanción se presentó como exagerada, precipitada. La tragedia misma demandaba un lapso de meditación, de evaluación a lo ocurrido, porque las pérdidas humanas laceraban el corazón de todos los ecuatorianos y del mundo.

Mundo que conoce de la realidad de estas desgracias, mayoritariamente causadas por aquella imprudencia que no se combate con una reacción emocional que fácilmente puede caer en la simplicidad del arrebato, que violente elementales respetos al derecho de las personas y a las propias leyes.
Leyes que señalan el procedimiento correcto para la toma de decisiones, con la valoración de la inocencia hasta que se compruebe lo contrario, principio que, en este caso, la fuerza del poder ha desestimado al dictarse sentencia para luego investigar las causas del delito y a sus reales culpables. Que de apoco estarán saliendo a la luz, pues no podrá taparse el sol con un dedo porque está claro que las responsabilidades del accidente del bus de la cooperativa Reina del Camino son compartidas.
Compartidas entre la sociedad civil y el gobierno. Porque la transportación de servicio público masivo tiene como regulador y controlador al Estado, al Ejecutivo  que ejerce su representación, no solo para acusar y sancionar sino para responder por sus falencias y debilidades, como el incumplimiento de la Comisión Nacional de Tránsito y de la Policía Nacional en el control a las observaciones a las reglas por parte de los transportistas.
Transportistas que son parte predominante del círculo de las irresponsabilidades, actores directos de las desgracias por ilegalidades como las cometidas por el fallecido conductor, cuya osadía pagó con la pena más dura al perecer junto al propietario del vehículo y a 38 personas más que confiaron en él.
En él y en la cooperativa que representaba, la que, por subsistir al tiempo, llevará por siempre este pesar como ejemplo, para mejorar como empresa obligada a servir a la colectividad y al bienestar de la misma, en especial a su seguridad.
Seguridad que las autoridades han tratado de restablecer con la revisión técnica de la totalidad de las unidades de la cooperativa, porcentualmente satisfactorio porque Reina del Camino  hace poco renovó la mayoría de sus unidades. Al igual que con el mejoramiento profesional de sus conductores de acuerdo a las observaciones encontradas, resultados que no  justifican aquel sometimiento a la inmovilidad de los buses que está afectando, seriamente, la economía de un gran conglomerado humano en la provincia y el país, pues decenas de familias se han quedado sin trabajo y con dificultades sociales.     
Dificultades sociales por la carencia de transporte, por deudas a los bancos, en los negocios paralelos en las terminales. Además de la percepción de injusticia que rodea a esta mediática acción que se presenta ya como abuso oficial.