Cada día el país es conmovido por problemas de índole social, que a su vez hacen desatender los problemas anteriores, muchas veces fundamentales. Se ha puesto en estos momentos en la palestra el recurrente asunto de las invasiones de terrenos por parte de personas que buscan un lugar donde vivir, y no solamente esto es en Guayaquil, donde se presenta la figura agravante de la estafa de la que son víctimas personas de muy escasos recursos económicos por parte de traficantes y oportunistas del problema, que aprovechan la necesidad de personas pobres y los estafan en forma inmisericorde.

El derecho a la vivienda para la familia, núcleo elemental y natural de la sociedad, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 1948 en los arts. 16 y 25 de dicho documento, suscrito por el Ecuador, que también señala los deberes de cada uno frente a la comunidad para desarrollarse en ella y con ella.
 Igualmente los recoge la vigente constitución ecuatoriana en el art. 30. Luego,  es indispensable que se trate el asunto en forma urgente para garantizar los derechos señalados y evitar enfrentamientos casi permanentes por la falta de vivienda popular.
Para evitar las invasiones tiene que salir ya una legislación que obligue a municipios, juntas parroquiales, con el apoyo del Estado, a elaborar y aprobar ordenanzas que afronten la solución del problema mediante planes de vivienda que lógicamente significan dar un terreno para construirla, en forma asequible a quienes no tienen mayores recursos. Cada familia necesita un espacio vital para desarrollar sus actividades, la tierra existe vacía alrededor de las ciudades grandes y pequeñas, hay que reglamentar su adquisición. Interesados en el tema sugerimos la creación de las llamadas “granjas vitales”, que son parcelas que evitan el hacinamiento humano, y a la vez permiten la construcción de la vivienda y poseer un espacio para el cultivo de un huerto familiar.
Tienen que expropiarse terrenos pagando el precio de ellos, en cada hectárea pueden ubicarse 33 grupos familiares, a los que tienen que darles acceso al crédito para construir la vivienda, a la vez facilidades de tránsito, y obtención de servicios como salud y educación, serían zonas periféricas muy ordenadas y ambientales, que mantengan la dignidad de sus usuarios y el entorno natural. Tienen que necesariamente intervenir los entes seccionales, apoyados en situaciones legales, que manejadas con pulcritud solucionen los problemas que se presenten sin enfrentamientos de índole social colectiva. Si se actúa rectamente en todos los pasos para instalar los proyectos evitaremos ver lo que hoy vemos en la TV: enfrentamientos y violencia, que siempre estalla.  <