El mandatario, que fue una de las víctimas de la insurrección, cuando incluso estuvo en peligro su vida, cambió hoy el frente de seguridad interna de su gabinete, tras aceptar las dimisiones de los ministros de Seguridad Interna y del Interior.
Miguel Carvajal, un sociólogo que se venía desempeñando como ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, renunció al cargo y fue colocado al frente de un nuevo Viceministerio de Desarrollo Agrario para que dirija la "revolución en el campo".
El vicealmirante en situación de retiro Homero Arellano, que hasta ahora era secretario de Inteligencia, ocupará la vacante dejada por Carvajal.
En tanto, Gustavo Jalkh, quien dirigía el Ministerio del Interior, también renunció y pasará a ser el secretario privado de Correa.
Alfredo Vera, un viejo político socialdemócrata y acérrimo defensor de la "revolución ciudadana" que pregona el mandatario, reemplazará a Jalkh en la cartera del Interior, ministerio que también se encarga de dirigir a la Policía.
Aunque los cambios, durante la ceremonia de toma de posesión de los dos nuevos ministros Arellano y Vera, no fueron vinculados a los hechos registrados el 30 de septiembre, ese episodio ha marcado buena parte de la actividad del Ejecutivo, porque dejó al desnudo, según el propio sector oficial, las debilidades en la seguridad del Estado.
Por eso Arellano, al momento de asumir el Ministerio Coordinador de Seguridad, fue enfático al señalar que "llegó la hora de decir basta" a los poderes fácticos que obstruyen los cambios que la patria requiere y de que los ecuatorianos actúen para acabar con la injusticia, la inseguridad y la impunidad.
Arellano llamó a una "gran cruzada histórica" para luchar contra la pobreza, tarea para la que pidió "la participación del pueblo", sin el cual no se podrían conseguir los objetivos trazados por el Gobierno.
También el dimisionario Carvajal apuntó al reforzamiento de la seguridad como uno de los desafíos del Gobierno e hizo hincapié en que no bastan las reformas que se han acometido en la Policía después del 30-S, sino que se requiere una reorganización total en el sistema de justicia.Correa, por su parte, tras tomar juramento a sus nuevos ministros y despedir a los viejos, aclaró que la inseguridad es un problema regional, no sólo en el país, y culpó a ciertos medios de comunicación, que se identifican con sectores de la oposición, de exagerar este asunto.Dijo, como ejemplo, que en Ecuador se registran 18 crímenes por cada 100.000 habitantes, mientras que la media regional es de 22. También señaló que el índice de criminalidad en el país ha crecido en el último año en el 2 por ciento, indicador que va al ritmo del incremento demográfico.
Sin embargo, reconoció que la inseguridad actual también obedece a factores estructurales y puso énfasis en las debilidades del sistema de justicia, que desde el pasado ha estado controlado por grupos políticos de derechas, especialmente del conservador Partido Social Cristiano, según dijo.