El Gobierno mexicano condenó "enérgicamente" el suceso en un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación y responsabilizó de lo ocurrido a la falta de eficacia de las autoridades de Tamaulipas, estado donde tuvo lugar el suceso.
"Es deplorable la ausencia de medidas efectivas de control y resguardo por parte de las autoridades locales, misma que ha generado fugas frecuentes de los centros penitenciarios, que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades", indicó el comunicado.
Tanto el director de la cárcel violentada como el director general de todos los penales del estado, Horacio Sepúlveda, fueron cesados de sus cargos tras conocerse el suceso. <