Los problemas de infraestructura no pueden esperar hasta que se posesione Rafael Correa. Es necesario que los proyectos de agua, carreteras, salud, entre otros, sean atendidos y resueltos. La población así lo reclama. En el caso de Manabí, por ejemplo, deben solucionarse los problemas que impiden contratar la segunda etapa del sistema de riego del Carrizal Chone, el tramo vial Rocafuerte-Tosagua, el proyecto de agua potable de Portoviejo, entre otros. No se justifica que el mandatario electo de Ecuador señale que no reconocerá ningún contrato que se suscriba “a última hora” en el Gobierno de Alfredo Palacio. El país no se puede paralizar hasta el 15 de enero del 2007. Los integrantes del futuro ejecutivo deben tener libertad para inspeccionar las carteras de estado e instituciones, para evaluar, e incluso denunciar irregularidades cometidas, pero lo que no es conveniente es que entorpezcan el trabajo. Lo que si hay que exigir es responsabilidad en las acciones del actual gobernante, sus ministros, subsecretarios y funcionarios de mandos medios e instituciones de desarrollo regionales, provinciales y locales. Paralelamente hay que demandar la fiscalización profunda y las sanciones en caso de cometerse irregularidades, no sólo en las decisiones, acciones y contratos de última hora, si no, en todos los ejecutados durante el periodo del actual Presidente. Ese es un papel que deben cumplir con prolijidad y profundidad, el Congreso, la Contraloría, Fiscalía y la función judicial. Es prudente eso si, que el actual Gerente del Banco Central explique las condiciones en las que se pretenden vender bonos de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. Igualmente es oportuno que el futuro mandatario explique la razón por la que considera a esos bonos ilegítimos.