Un verdadero papelón para la democracia argentina resultó ser el montaje escénico en el que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó hace unos días a los diarios Clarín y La Nación de haberse apropiado de la fábrica Papel Prensa mediante crímenes de lesa humanidad, en confabulación con la dictadura militar.

Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir conflictos.
Que la presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado pura retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales.
Para esto, el gobierno no sólo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley. <