El proyecto, que fue remitido con carácter de económico-urgente, tiene tres objetivos: reformar la estructura institucional del sector hidrocarburífero; viabilizar el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios e introducir reformas complementarias para el marco regulatorio.

Con la reforma a la estructura, el Ministerio Sectorial será el que ejecute las políticas y el ente rector en materia hidrocarburífera, mientras que la Secretaría de Hidrocarburos se encargará de la administración y el control de las áreas y de los contratos de operación.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, fiscalizará las actividades hidrocarburíferas, en lugar de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH).

El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos.

Por excepción podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, en casos determinados.

Para viabilizar un nuevo modelo de contrato de prestación de servicios, éstos se firmarán con la Secretaría de Hidrocarburos y podrán ser por exploración o explotación.

En estos contratos, se determina el pago de una tarifa por servicio independiente del precio del petróleo que incluye la amortización de la inversión, los costos y gastos, y una utilidad razonable en relación al riesgo incurrido. 

El margen de soberanía para el Estado es de 25 por ciento de los ingresos brutos de la actividad.

De las utilidades, el tres por ciento será para los trabajadores y el 12 por ciento para los proyectos de inversión social de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se encuentren dentro de las áreas delimitadas por cada contrato, donde se lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas.

Los daños al ambiente que no sean reparados, constituirán causal para la caducidad de los contratos.

Entre tanto, las reformas a la Ley del Régimen Tributario Interno buscan ajustar la normativa tributaria al nuevo modelo de contrato por servicios y se establece un régimen común de impuesto a la renta del 25 por ciento para los contratos de prestación de servicios, a excepción de la compañía Agip Oil Ecuador BV.

Por último, en las transitorias se establece un plazo de 120 días para que los contratos adopten el modelo reformado de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos.