En 24 años de ocurrido el asesinato, las autoridades colombianas sólo han logrado imponer una pena de 16 años de prisión a Luis Carlos Molina Yepes, miembro del ya desaparecido cartel de Medellín y quien habría contratado a los sicarios que dieron muerte a Cano, "por el delito de homicidio agravado".
"Un fiscal de Derechos Humanos y DIH (Derecho Internacional Humanitario) declaró que el homicidio del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Isaza, tiene la categoría de crimen de lesa humanidad, lo que conlleva la imprescriptibilidad de la acción penal", señala este martes un comunicado de prensa de la Fiscalía.
La decisión del fiscal radica en que, según las investigaciones, el asesinato de Cano, cometido el 17 de diciembre de 1986, "hizo parte de un plan urdido por el desarticulado Cartel de Medellín, liderado entonces por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviría, que fue abatido por las autoridades colombianas en 1993.
Las pesquisas también arrojan que hubo participación del llamado grupo de "Los extraditables", organización creada por narcotraficantes a comienzos de los años 80 que buscaba disuadir a toda costa (incluso con la colocación de artefactos explosivos) un tratado de extradición del Gobierno colombiano con EE.UU.
En ese proceso, "Los extraditables" planearon asesinatos de políticos y periodistas colombianos que denunciaban las acciones del crimen organizado.
Cano, al igual que otros periodistas y políticos, estaban a favor de la extradición de capos del narcotráfico.
Los crímenes de los aspirantes presidenciales Luis Carlos Galán (1989, Liberal), Bernardo Jaramillo (1990, Unión Patriótica, izquierda) y Carlos Pizarro (1990, del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19) también han sido declarados como de lesa humanidad.