En Manta ya son más de 100 las personas con capacidades especiales que han sido insertadas laboralmente en empresas de la localidad a través del programa de inclusión que lleva adelante el Gobierno.
En Manta laboran en este proyecto la Inspectoría de Trabajo donde se receptan carpetas de aspirantes, que se ubican de acuerdo al perfil solicitado por los empresarios incrementando el número de beneficiados.
El Instituto de Educación Especial Angélica Flores, dirigido por Amalia Reyes, también se ha unido a esta actividad de inclusión.

Compromiso
Guillermo Baraldo, de la industria La Fabril, en la vía Manta-Montecristi, aclara que esto no proviene sólo del Mandato 8; sino más bien del compromiso como ciudadanos para involucrar a personas con capacidades especiales a actividades que nunca antes desempeñaron.
Baraldo explica que La Fabril ha empleado a personas especiales en diferentes áreas, siempre con la debida asesoría de su departamento de Bienestar Social, para ubicarlos en áreas y departamentos donde puedan desempeñarse a cabalidad.

Estudio y seguimiento
En el instituto Angélica Flores la responsable de este programa es María Dolores Mendoza, quien antes de colocar a las personas con discapacidad inspecciona las empresas y evalúa si están aptas para recibir al futuro trabajador.   A esto se suma la labor que realiza el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) al evaluar los posibles riesgos de trabajo como seguridad, electricidad o manejo de productos químicos.
Shubert Rosas, con un 30 por ciento de discapacidad y quien labora en el área de distribución de La Fabril, recordó que su inclusión se dio gracias a la Inspectoría de Trabajo, y aconseja a muchos como él que no pierdan la esperanza de dejar de ser una carga y salir adelante por ellos mismos.
Por ley el 4 por ciento de la plantilla de trabajadores deben ser personas con capacidades especiales.
En La Fabril y varias industrias mantenses este porcentaje ya se cumple.
Amalia Reyes señaló que falta verificar si las empresas que no acogen a discapacitados pagan o no la multa que es de 1.600 dólares. En el país más de 3 mil personas con discapacidad ya laboran.