Durante la audiencia de formulación de cargos realizada ayer, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, reafirmó la responsabilidad de Chang, en la compra con sobreprecio de 115 furgonetas, por lo que pidió prohibir la enajenación de bienes y la salida del país de ella y de varios de sus colaboradores.El pedido no prosperó por improcedente ya que, según el juez Abarca Galeas, “no son aplicables ese tipo de medidas cautelares cuando nos regimos por una Constitución eminentemente garantista”. En respuesta, Alvear arremetió contra el juez al afirmar que en la Segunda Sala Penal no se administra justicia y  lo amenazó con plantearle acciones por haber permitido que se transmita a través de los medios de comunicación la audiencia, lo que, dijo, legalmente es prohibido.

En su intervención dentro de las casi tres horas que duró la audiencia, Alvear solicitó a la Procuraduría y Contraloría del Estado que se presenten como acusadores particulares en este caso, de lo contrario, sus autoridades podrían ser sujeto de sanciones penales.
Según Alvear, el contrato se adjudicó al gerente general de Euromedical, Teodoro Roldán, sin cumplir los requisitos precontractuales contemplados en la Ley de Contratación Pública, vigente en ese momento. Por tanto, el Ministerio de Salud compró furgonetas normales que fueron readecuadas para funcionar como ambulancias, con un costo adicional de más de $ 561 mil.
Explicó que tras declarar desiertas tres convocatorias a oferentes, en noviembre del 2007, el Comité de Emergencia invitó directamente a Euromedical y le adjudicó el contrato, pese a que su oferta fue la  más onerosa ($ 34 mil  cada ambulancia). El total alcanzó la cifra de $ 3,9 millones. Las acusaciones, agregó Alvear, están sustentadas en el informe de Contraloría, que determinó indicios de responsabilidad penal contra Chang y sus colaboradores.
En respuesta, Ernesto Albán, abogado de Chang, afirmó que las ofertas presentadas en los tres concursos iniciales fueron declarados desiertos por no cumplir con los valores y especificaciones técnicas, requeridas por Salud.
Entre las ofertas descalificadas constaba una que presentó Roldán, quien después de cumplir los requisitos exigidos fue invitado a participar y luego se le adjudicó el contrato en el cuarto proceso de licitación.
A juicio de Albán, en todos los procesos se respetaron las normas legales y constitucionales, por lo que cuestionó el informe de Contraloría, en el que sostuvo que hubiese sido preferible que se compren las furgonetas directamente para que se les adecúe a ambulancias. Ello, según Albán, es una “apología del delito”, ya que implica recomendar la subdivisión de contratos, penado en la ley.
El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, también reafirmó la responsabilidad de Teodoro Roldán, dueño de Euromedical, y los funcionarios del Ministerio de Salud, Arturo Bedoya, director de desarrollo Organizacional; Ernesto Torres Terán, presidente del Comité de Emergencias; y los otros miembros  Roberto Muñoz, asesor legal; Susana Cordovilla, directora de gestión financiera; Luis Paredes, delegado de servicios de gestión de salud; y Lino Sarmiento, secretario.
Tras defender la legalidad de la contratación, Fernando Paz, abogado del contratista  Teodoro Roldán, ratificó el derecho de su cliente a contratar con entes públicos, en goce de su derecho a trabajo. Para la ministra de Salud, Caroline Chang, el proceso empezó sin mucha argumentación técnica.