En medio de gritos y pifias  entre profesores fiscales de  la UNE  y maestros simpatizantes de Alianza País, hoy se realizó en la Asamblea  el primer debate de la nueva Ley Orgánica de Educación General, que reemplazará a la que rige desde 1983.
El gremio de la UNE (controlado por el MPD)  ratificó su rechazo a que el docente sea tratado como un servidor público. “Nos oponemos rotundamente a que la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio sea eliminada”, subrayó Mery Zamora.
La presidenta de la UNE participó de la discusión en la Asamblea, al ser titularizada en reemplazo de Jorge Escala. En la bancada del MPD permaneció cerca de Ramiro Terán. Zamora contó  con el apoyo de Galo Vaca, de Acuerdo por la Descentralización y Equidad (ADE), quien dijo que los cuatro maestros que integran su bloque comparten la idea de que la Ley de Carrera y Escalafón  no desaparezca. Así, la propuesta del MPD es que el capítulo quinto, que habla del Escalafón, en el informe de la propuesta de Ley Orgánica de Educación, sea incorporado a un proyecto de reformas de la Ley de Carrera y Escalafón Docente, reformada en 1990.
El escalafón con 10 categorías es uno de los puntos centrales de pugna. El Gobierno a través del Ministerio de Educación planteaba la eliminación de las 10 categorías oficiales y las 21 adicionales, según la antigüedad. Esto porque da lugar a la existencia de 22 850 tipos distintos de sueldos.
El Ministerio proponía que existan cuatro categorías, luego se acordó que sean 10, en las cuales se mejora el salario del maestro que ingresa a la carrera docente y pesan los méritos, más que los años. Pero a decir de la UNE perjudica a quienes tienen varios años en ella y pide respeto a la antigüedad. Xavier Tomalá, ex rector de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y asambleísta de Alianza País (AP), criticó el poco interés de los asambleístas en este debate.
Sus compañeros de bancada, María Paula Romo, Paco Velasco y Rosana Alvarado, no asistieron. Lourdes Tibán, de Pachakutik, llegó luego de iniciada la sesión acompañada de su pequeño hijo. Dalo Bucaram, del PRE, llegó sin su esposa y colega, Gabriela Pazmiño, también atrasado. La discusión de esta nueva ley  empezó con 95 asambleístas presentes.
Salomón Fadul, del PSC, resaltó que  se han reivindicado aspectos como la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación, también la descentralización de la gestión de cada plantel, a través de la disolución de la Dinse.
Francisco Cisneros, de Sociedad Patriótica (PSP), denunció las “intenciones de trabajar en un Proyecto de inducción política e ideológica, como se hace en Cuba y Venezuela. No permitiremos que nos obliguen a tener un pensamiento único”, apuntó.
Pero César Rodríguez, de AP, y presidente de la comisión Ocasional Especializada en Educación, que trabajó en el informe, dijo: “Eso no tiene nada que ver con lo que dice el documento. Son construcciones fantasmagóricas”.
Sin embargo, Gioconda Saltos, de PSP,  se refirió al Art. 106, literal b, que señala que para ascender “en los dos primeros años, el profesional deberá participar en un programa de inducción”. “Debiera ser algo técnico y psicopedagógico, que habilite en el desempeño, pero la propuesta se encamina a la ideologización”.
Mao Moreno, de AP, presentó una nueva propuesta del bloque, que busca ser un as ante la posición del MPD-UNE, que aduce que el nuevo escalafón disminuiría el sueldo de los docentes por el descuento del 100% para la aportación al Seguro Social.
AP propone que en 90 días, el Ministerio ejecute la homologación salarial, para que en ningún caso los docentes ganen un salario mensual neto menor al que recibían en el período fiscal anterior. Los profesores perjudicados por el descuento ascenderían a la categoría inmediata superior.
El Contrato Social por la Educación, que presentó uno de los tres proyectos de Ley, además del Ministerio y de la UNE, considera que otro punto es crucial en el debate. Se trata del Consejo Nacional Electoral, que pide  sea un organismo con decisiones vinculantes y no de carácter consultivo.

Cuatro de las reformas a la Ley de Educación

En el Art. 137 se habla  del financiamiento de los planteles fiscales. Dice que los fondos del Presupuesto  del Estado se transferirán a las unidades ejecutoras de los circuitos educativos, y que los incrementos anuales para el sector serán del 0,5% del PIB hasta alcanzar el 6%.

En el Art. 110 se  dice que la jornada laboral será de 40 horas semanales, seis diarias de trabajo pedagógico en el aula, de lunes a viernes, y 10 horas semanales, para capacitación, coordinación con los padres, actividades de recuperación pedagógica.

En el Art. 119 se  indica que los profesores de planteles particulares deberán someterse a las pruebas establecidas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Un maestro de  5ta categoría que hoy gana USD 330, con la propuesta percibirá 612 si es graduado de un instituto pedagógico, y si tiene título universitario, 741.  La UNE exige que la segunda categoría sea de USD 741.

El segundo debate se desarrollará en 45 días. La UNE indicó que en una semana presentará un proyecto de reforma a la Ley de Carrera y Escalafón Docente del Magisterio.

La ley movilizó a profesores de dos frentes políticos

En el sector de las barras se ubicaron dos grupos de oposición. Por un lado, miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y por otro, del Frente de Maestros de Alianza País. Ambos ingresaron por dos puertas diferentes.

Honorio Domínguez, presidente de la UNE de Cañar, dijo que el magisterio está alerta, pendiente del primer debate. Rechazó la presencia de grupos aliados al Gobierno. “No son profesores con nombramiento sino a contrato, obligados a estar presentes en la Asamblea”.
José Muñoz, presidente de la Federación de Maestros de Alianza País de Los Ríos, señaló que respaldan el proyecto de Gobierno porque mejora las condiciones económicas del docente.
Carlos Colobón, de la Asociación de Jardines, escuelas y colegios particulares de Guayaquil, con 800 miembros, pidió que se haga diferencias entre los centros privados de sectores como la Cooperativa Nueva Prosperina. En el Centro Mi Fortaleza es Jesús, la pensión es de USD 12, hay 260 alumnos y 14 maestros, que ganan poco.
Esto en relación a la transitoria 21 que indica que en dos años se evaluará a las instituciones privadas comunitarias, si no pueden autosustentarse se las fiscalizará.

Fuente: El Telégrafo