"Ni con el Gobierno de (George W.) Bush se dio un golpe de Estado en América Latina", mientras que con el de Obama "se da un golpe de Estado, no se lo puede parar y ahora resulta que, porque tuvieron elecciones bajo un régimen de facto, ya está todo solucionado", afirmó el mandatario ecuatoriano.
Ayer el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela, manifestó: "reconocemos que hay un resultado en Honduras en estas elecciones. Eso está bastante claro. Reconocemos estos resultados y felicitamos a (Porfirio) Lobo por haberlas ganado".
En el mismo sentido, los Gobiernos de Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú defendieron la legitimidad de los comicios.
En un encuentro con periodistas a su llegada a Quito tras su asistencia a la XIX Cumbre Iberoamericana celebrada en Estoril (Portugal), Correa aseguró que la postura del Gobierno de Ecuador, de no reconocer los resultados de las elecciones del pasado domingo en Honduras, es "invariable".
"No vamos a reconocer unas elecciones que consideramos ilegales e ilegítimas conducidas por una dictadura porque, además, se sentaría un precedente nefasto: cualquier aventurero daría un golpe de Estado y después de dos meses convoca a elecciones y no pasaría nada", dijo.
Deseó que se "recapacite lo grave" de la situación del país centroamericano y aseguró que si se reconocen los resultados de las elecciones en las que resultó vencedor el líder del Partido Nacional, Porfirio Lobo, "el precedente que se presentaría en la región sería extremadamente grave".
Además, descartó que como presidente de turno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) convoque una reunión extraordinaria para tener una postura común porque "la realidad es que no hay unanimidad, no hay consenso" al interior del organismo.
No obstante, reiteró su deseo de que "prime la sensatez" y no se dejen pasar "estas monstruosidades" que se creían "ya enterradas en el pasado no siempre iluminado de América Latina".
El pasado 28 de junio, el presidente Manuel Zelaya fue expulsado de Honduras por los militares tras promover una consulta popular para cambiar la Constitución, lo que sus detractores vieron como una maniobra para legalizar su reelección.
Entonces asumió el poder el hasta ese momento presidente del Parlamento, Roberto Micheletti.