La Fiscalía pretende que Fabricio Correa "aclare, determine y precise qué persona o personas incurrieron en actos dolosos y de qué tipo, en torno al Gobierno". El presidente Correa ordenó el 26 de junio pasado la rescisión de varios contratos que su hermano mantenía con el Estado ante el escándalo desatado en los medios de comunicación por informaciones que cifraron en unos 80 millones de dólares el monto de esas operaciones. Correa argumentó que hasta entonces desconocía la existencia de esos acuerdos y reprendió públicamente a su hermano. Joffre Campaña, abogado de Fabricio Correa, advirtió de que la anulación unilateral por parte del Gobierno de esos contratos "le va a costar millones de dólares al país" y recordó que Cosurca, una de las empresas implicadas, ya ha interpuesto cuatro demandas arbitrales por un total de 37,8 millones de dólares contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las obras afectadas por la rescisión de esos convenios son rehabilitaciones de varios tramos de carreteras, un puente y tareas de movimientos de tierra, proyectos que, de acuerdo con el Gobierno, serán presentados a licitación pública. El hermano del Jefe de Estado ha señalado en varias ocasiones que las decisiones del Gobierno no son legales y ha dejado entrever que él tiene conocimiento de actos de corrupción protagonizados por asesores del presidente, aunque no ha precisado quiénes son esas personas. También ha acusado al Ejecutivo de aplicar métodos prepotentes y de no haber cumplido la promesa de derrotar la pobreza que, según dijo, golpea a la mayoría de los ecuatorianos.