La resolución determina que, en un plazo de seis meses, se recalificarán todos los permisos de armas además las mismas serán sólo para posesión, pero no para portarlas. En resumen los ciudadanos, con un permiso, podrán tener un arma en su casa o lugar de trabajo, pero no podrán portarlas en su cinto o en el carro. Aquello causa reacción en la población civil que se siente indefensa y que señala que el Gobierno está desarmando a los ciudadanos mientras los delincuentes (sin ningún control) se arman y con ello logran una gran ventaja. Mauricio Montesdeoca, experto en seguridad privada y presidente de la Junta Cívica de Portoviejo, señaló que esta medida tendrá cosas negativas, ya que los delincuentes nunca andan armados y sólo portan pistolas cuando van a realizar un golpe específico y luego de cometido el ilícito la entregan. Agregó que los malandrines tiene muchas formas de trasladar sus armas incluso metiéndola en lavazas (desperdicios para los cerdos). Aquello señaló causa una gran desventaja a los empresarios y ciudadanos de bien que andarán desamparados en casos como retiro de dinero de los bancos o cuando tienen que abrir o cerrar sus negocios. “El delincuente actuará con más confianza sabiendo que esa personas no cargan armas para repeler un ataque. Una opción que tendrán las personas para estar seguras al momento de sacar dinero es contratar custodios, pues hay varias empresa de seguridad (no todas) que tienen permisos para dar servicio de traslado de valores. En Manabí hay cuatro pero su contratación tiene alto costo. Gerson Mendoza, de la empresa Armiled Ltda., dijo que esta medida tendrá cosas positivas, ya que nadie tiene argumento para portar armas, pero lo malo es que los delincuentes asaltarán hasta con cuchillos y como el ciudadano común no carga nada, no podrá defenderse.