En 1998 se erigió el novel cantón, dotándoselo de los organismos y dependencias que requieren éstos, excepto el Registro de la Propiedad RPJ; éste operó recién en el 2003 ¡después de 5 años! y sin la histórica información de esta nueva oficina, ya que el Registro de la Propiedad de Montecristi RPM, no se la trasladó nunca. Contrariamente, el nuevo municipio si levantó los catastros -que son de su privativa obligación constitucional- basándose en la información proveniente del municipio de Montecristi, por lo que desde 1999 cobró sus impuestos prediales. Es así que desde agosto del 2003 el nuevo RPJ tuvo que “reinscribir” los inmuebles en esa dependencia, para lo que el propietario debía obtener el certificado del bien en el RPM junto con todos los documentos originales exigidos por el RPJ; esto, con los respectivos elevados costos de papeleos y “reinscripción”; resultando baja la respuesta poblacional, salvo cuando el bien iba a cambiar de dueño, y ahora por el susto; por ello aún no están actualizados los registros de bienes del cantón en el RPJ. Abonaba a la seguridad ciudadana el hecho de mantener su registro tradicional en el RPM, con el catastro -y consecuente pago de impuestos- en el municipio jaramijense. Hasta que pronto, “expertos” descubrieron el “quiquirimiau”; ¿cómo?: obtienen certificados de que tal bien raíz “apetecido” no está “reinscrito” en el RPJ, sumando esto a contradictorios informes extendidos por dependencias municipales, que desconocen los catastros históricos proseguido por ellos desde 1998; así, y con otros actos con visos de delitos, audaces y conocidos “personajes” aparecen ahora como “propietarios” de numerosos terrenos, escriturándose y revendiendo bienes -hasta públicos- en atropello a todo principio de legalidad, tradición y posesión. De oficio la justicia común debe investigar este azote a la fe ciudadana, originado en la omisión de crear técnicamente el RPJ simultáneamente con el cantón, lo que ha sido aprovechado por sujetos ya famosos por sus incidentes legales y por sus conexiones con “bien relacionados” en el municipio, lotizaciones, estudios jurídicos, bancos, universidades y logias. Debería inmediatamente ponerse coto a esta inseguridad que afecta a las inversiones en el cantón, sin perjuicio del castigo que -en las urnas- les dé el pueblo de Jaramijó a quienes han atentando contra la propiedad privada, honradamente bien habida. Continuará.