Esa ley, aprobada en 2006, obliga a las petroleras a entregar al Estado ecuatoriano 50 por ciento de sus ingresos extras generados por el alto precio del crudo. Ante la aplicación de esa ley, la petrolera francesa inició un reclamo internacional contra el país andino y solicitó que se adoptaran medidas provisionales para defender sus derechos bajo el contrato hasta que se resolviera la causa. El tribunal dispuso que "mientras dure el proceso arbitral, Ecuador y la petrolera estatal deben abstenerse de exigir el pago de la Ley 42 y de adoptar cualquier medida, sea judicial o de otro tipo, encaminada a exigir el pago de la deuda pendiente", explicó la Procuraduría en un comunicado. Sin embargo, "con el objeto de precautelar el cumplimiento de las leyes ecuatorianas, el tribunal dispuso que las partes acuerden un mecanismo por el cual Perenco deposite en una cuenta independiente los valores adeudados, a cargo de un tercero, hasta que el tribunal tome una decisión final sobre el reclamo". En ese sentido, el Ministerio de Minas informó que, junto con la Procuraduría, analiza la situación para definir la postura del país y hacer cumplir las leyes ecuatorianas e indicó en un boletín que la decisión "será dada a conocer en los próximos días". Según la institución, Perenco debe al Estado ecuatoriano un total de 327 millones de dólares, cantidad que Ecuador pretendía cobrar a la empresa con la retención de 70 por ciento de los 25.000 barriles diarios que produce en el país. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor de 35 por ciento del presupuesto general del Estado.