La dirigencia de la organización clasista basa su oposición en que, según dice, las pruebas a efectuarse obedecen a un “proceso punitivo, sancionador que promueve únicamente el despido masivo de docentes” y porque viola la Constitución en su Art. 349 que garantiza la estabilidad laboral y la capacitación y formación continua y profesionalización. Es decir, cataloga a las evaluaciones, como están concebidas, como un instrumento que tiene como objetivo principal el despido de quienes no respondan con suficiencia, apreciación desmentida por el ministerio. Luego de varios entredichos públicos, la UNE proclama el derecho a la resistencia y a partir de hoy efectuará actos de rechazo a la aplicación del Acuerdo, como asambleas provinciales y marchas en todas las capitales de provincia para dirigirse a las gobernaciones, direcciones provinciales de Educación y defensorías del pueblo. En anterior editorial expusimos que la mejor manera de encontrar soluciones a las divergencias es el diálogo, manera lógica de llegar al entendimiento entre personas cuyas responsabilidades sociales están dirigidas al bienestar colectivo. Ahora volvemos a apelar a la inteligencia de las fuerzas encontradas, para que, sentados en la mesa de razonamiento, se descubran las falencias que existen en ambas posiciones y den paso a la cordialidad que demanda el intelecto. Los maestros sugieren una capacitación previa a la rendición de los exámenes, pues consideran muy técnicos y capciosos los instrumentos de evaluación, lo que podría ser una salida al problema, si es que el ministerio no considera que aceptarlo es una debilidad al principio de autoridad