"Para volver viable esta garantía constitucional hemos tenido que reformar una ley orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa que regula a la gran mayoría de funcionarios públicos de Ecuador y modificar un artículo del Código de Trabajo", explicó Correa. El asambleísta declaró que en la ley se recoge una disposición general única que permite aplicar la licencia tanto a trabajadores públicos como a los del sector privado y recalcó que la normativa se tramitó no por beneficio del padre sino por garantizar "el derecho que tienen los hijos de tener el cariño y la protección del padre". La nueva normativa establece que, cuando el parto de la madre transcurra sin complicaciones el padre tendrá una licencia de 10 días; si el parto es por cesárea son 15; si el bebé nace con una enfermedad terminal establece 25 días y si se trata de un proceso de adopción, tanto la madre como el padre tendrán 15 días de licencia. Otro caso especial que recoge la ley es el de la muerte de la madre en el parto, en cuyo caso el beneficio de licencia de 12 semanas que correspondería a la madre pasa al padre, según explicó Correa. Especificó que se estima que el costo de la aplicación de las licencias de paternidad, "de conformidad con que existen más de 500.000 empleados públicos en Ecuador, con 80.000 ó 100.000 nacimientos por año, puede llegar a ser alrededor de 30 ó 40 millones de dólares". "El padre recibe remuneración y además el contratador tiene que cubrir su puesto", afirmó Correa, quien añadió que debido a las consecuencias en el país de la crisis financiera internacional no fue posible cubrir más días de licencia. Asimismo, el asambleísta detalló que ahora el texto de la nueva ley pasará a manos del Ejecutivo que, en un máximo de 30 días y si la veta total o parcialmente, la devolverá a la Comisión Legislativa para nuevos debates. En caso contrario se ordenará su publicación en el Registro Oficial.