El expresidente de Perú Martín Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, fue liberado este jueves 4 de septiembre, luego de pasar 22 días en prisión preventiva por una investigación relacionada con el presunto delito de cohecho pasivo propio. La Tercera Sala Penal Nacional del Tribunal Superior declaró infundada la medida cautelar, lo que permitió su inmediata excarcelación.

Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo, en Lima, alrededor de las 15h00 (hora local), por la puerta principal, acompañado por su hermano y recibiendo aplausos de un grupo de simpatizantes que se congregaron en el lugar.

Argumentos del tribunal de apelaciones

La resolución del tribunal, compuesta por tres magistrados, concluyó por unanimidad que no se cumplían los requisitos legales para sostener una prisión preventiva, como el peligro procesal o riesgo de fuga. La sala también desestimó los fundamentos de “comportamiento cuestionable” alegados por la fiscalía como parte de la motivación inicial de la detención.

“El tribunal ha determinado que la prisión preventiva en mi contra ha sido ilegal”, señaló Vizcarra al salir, asegurando que ninguno de los factores exigidos por ley para dicha medida fue acreditado.

Vizcarra: “Salgo fortalecido”

En declaraciones a la prensa, Martín Vizcarra expresó que los días que permaneció detenido fueron complicados, pero también una oportunidad para reflexionar. “Es en circunstancias como estas cuando realmente se sabe quiénes son los verdaderos amigos, y he descubierto que tengo muchos más de los que pensaba”, declaró frente a cámaras.

A pesar de su liberación, el exmandatario seguirá siendo investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en relación con la licitación de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011–2014), en el sur del país.

Investigaciones en curso por obras en Moquegua

El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido pagos indebidos a cambio de favorecer la adjudicación de dos importantes obras públicas: ‘Lomas de Ilo’ y el ‘Hospital de Moquegua’. La investigación continúa en la etapa preparatoria y no se ha presentado aún una acusación formal.

La fiscalía había solicitado prisión preventiva al considerar que Vizcarra representaba un riesgo procesal por su presunto intento de obstaculizar las investigaciones y por el uso de sus influencias políticas. Sin embargo, el tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para justificar tal afirmación.

Contexto judicial y antecedentes

Desde que dejó la presidencia en noviembre de 2020, Martín Vizcarra ha enfrentado múltiples investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción. En abril de 2021, fue inhabilitado por el Congreso de la República por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 en secreto mientras era presidente, en el marco del escándalo conocido como “Vacunagate”.

El caso actual forma parte de un conjunto de investigaciones que implican a exgobernadores, exfuncionarios y empresarios en tramas de corrupción relacionadas con obras públicas adjudicadas a dedo o con sobrecostos.

El expresidente ha negado de forma reiterada las acusaciones y ha calificado los procesos en su contra como “persecución política”, aunque la fiscalía ha insistido en la existencia de elementos que justifican el avance del proceso penal.

Medidas restrictivas vigentes

Aunque Vizcarra ha sido excarcelado, el tribunal ha ordenado que se mantengan medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, la comparecencia periódica ante la autoridad judicial y la prohibición de comunicarse con otros implicados en el proceso.

Estas medidas estarán vigentes durante el tiempo que dure la investigación preparatoria. De ser hallado culpable en juicio, Vizcarra podría enfrentar penas privativas de libertad, según establece el Código Penal peruano para delitos de corrupción de funcionarios.