La Sala Primera del Tribunal Supremo Federal de Brasil ha obtenido este jueves una mayoría de votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en una organización criminal relacionada con el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión se basa en pruebas que vinculan a Bolsonaro con un grupo que habría planeado impedir la toma de poder del presidente electo.

Avanza condena a Bolsonaro por intento de golpe

La magistrada Cármen Lúcia, miembro de la Sala Primera, emitió este jueves su voto a favor de la condena, sumándose a los jueces Alexandre de Moraes —relator del caso— y Flávio Dino. Con este voto, el tribunal alcanza una mayoría de tres votos a uno, dejando únicamente pendiente la postura del juez Cristiano Zanin.

En una sesión previa, el magistrado Luiz Fux había votado por absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro. Sin embargo, la mayoría de los jueces considera que existen pruebas concluyentes de que el expresidente lideró o integró una organización destinada a subvertir el orden constitucional.

El fallo todavía no es definitivo, ya que restan por definir aspectos como la duración de las penas y el grado de participación de cada implicado.

Siete más condenados junto a Bolsonaro

Además de Bolsonaro, la misma mayoría judicial también se ha formado para condenar a otros siete acusados, todos ellos señalados como parte del núcleo central de la trama. Entre los condenados se encuentran Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa y Anderson Torres, extitular de Justicia.

Estos exfuncionarios habrían colaborado en la organización y posible ejecución del intento de golpe, que tenía como objetivo impedir la asunción del presidente Lula tras su victoria electoral.

Según el diario brasileño O Globo, los magistrados consideraron que la organización operó entre noviembre de 2022 y enero de 2023, con un plan que incluía la difusión de desinformación, la presión sobre altos mandos militares y la tentativa de invalidar los resultados electorales.

Contexto del intento de golpe de 2022

Las elecciones presidenciales de octubre de 2022 en Brasil concluyeron con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro por un margen estrecho. Tras la derrota, seguidores radicales del expresidente desconocieron los resultados y protagonizaron manifestaciones masivas, algunas de ellas violentas.

El 8 de enero de 2023, miles de personas invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en un episodio ampliamente comparado con el asalto al Capitolio de EE.UU. en 2021. Estos hechos fueron catalogados como un intento de insurrección, y las investigaciones apuntaron a una supuesta coordinación desde sectores cercanos a Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal abrió una serie de investigaciones penales en contra de altos funcionarios, militares retirados y aliados políticos del expresidente. Bolsonaro ha negado reiteradamente su implicación directa, aunque diversas comunicaciones interceptadas y declaraciones de colaboradores han sido utilizadas como pruebas en su contra.

Próximos pasos del proceso judicial

Aunque la mayoría ya está conformada, el fallo no se considera cerrado. La decisión final sobre las penas correspondientes será objeto de debate posterior, una vez que se emita el voto del juez Cristiano Zanin, último integrante pendiente de pronunciarse.

Una vez finalizada esta fase, el tribunal deberá determinar el grado de responsabilidad individual de cada acusado y establecer las condenas penales. De confirmarse la sentencia, Bolsonaro podría enfrentar una inhabilitación política además de penas de prisión, lo que afectaría directamente sus posibilidades de participar en elecciones futuras.

Palabras clave y posicionamiento

El caso de Jair Bolsonaro y el intento de golpe en Brasil en 2022 continúa generando repercusión tanto a nivel nacional como internacional. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil marca un hito en el procesamiento judicial de expresidentes latinoamericanos por delitos contra la democracia.

Este proceso refuerza la tendencia regional de rendición de cuentas a altos mandatarios una vez finalizados sus mandatos. Las resoluciones finales de la Corte serán seguidas de cerca por organismos internacionales, la comunidad política brasileña y sectores de la sociedad civil preocupados por el fortalecimiento del estado de derecho.