El Gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya por presuntos vínculos con el crimen organizado, según reportes periodísticos, en medio de tensiones políticas con México.
Investigación y señalamientos desde Estados Unidos
Las indagaciones, difundidas por medios internacionales, apuntan a supuestos nexos de los mandatarios estatales con actividades ilícitas.
En el caso de Alfonso Durazo, los reportes lo vinculan con estructuras del crimen organizado, mientras que a Américo Villarreal Anaya se le relaciona con el contrabando de combustible, conocido en México como "huachicol".
La información se basa en investigaciones periodísticas que citan fuentes familiarizadas con los casos, aunque no se han divulgado documentos oficiales públicos que respalden los señalamientos.
Rechazo de autoridades estatales
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron de forma categórica las acusaciones difundidas.
Desde Sonora, voceros oficiales señalaron que la información es "completamente falsa" y afirmaron que el gobernador no ha sido notificado de investigación alguna por parte de autoridades estadounidenses.
En Tamaulipas, las autoridades calificaron los señalamientos como acusaciones sin pruebas, destacando la ausencia de documentos, expedientes o evidencia verificable.
Contexto de tensiones políticas
Estos señalamientos se suman a otras acusaciones previas de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.
Entre ellas, destaca el caso de Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por el Departamento de Justicia estadounidense por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses han solicitado la extradición de varios funcionarios vinculados a estas investigaciones, relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Postura del Gobierno de México
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las acusaciones y ha manifestado que no procederá con extradiciones sin pruebas concluyentes.
El Gobierno mexicano ha señalado que estos señalamientos forman parte de una posible injerencia externa, en referencia al contexto político y electoral del país.
Las autoridades sostienen que cualquier proceso debe sustentarse en evidencia verificable y respetar la soberanía nacional.
Investigación en desarrollo
Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales adicionales sobre el avance de las investigaciones mencionadas.
Las acusaciones continúan generando reacciones tanto en el ámbito político como diplomático entre ambos países.
Se espera que en los próximos días se clarifique la situación con información oficial por parte de las autoridades involucradas.
