En medio de la incertidumbre migratoria, cada vez más ecuatorianos buscan mecanismos prácticos para protegerse de redadas. La tarjeta roja, un recurso sencillo y gratuito, se ha consolidado como el principal medio para acceder a información legal  y ejercer el derecho a guardar silencio frente a agentes de migración.

El Immigrant Legal Resource Center (ILRC), organización con sede en California, es la principal promotora de esta herramienta. Según abogados consultados por entidades comunitarias, la tarjeta se ha convertido en un salvavidas legal porque permite a los migrantes saber cómo actuar ante ICE y recordar que tienen derecho a no abrir la puerta, no responder preguntas y exigir un abogado.

Opciones de acceso a la tarjeta roja

Los migrantes cuentan con varias alternativas para obtener este recurso legal sin necesidad de trámites complicados:

• Descarga gratuita desde la web del ILRC, lista para imprimir en casa en inglés y español.

• Solicitudes comunitarias, donde organizaciones barriales o grupos de defensa de inmigrantes reciben copias sin costo para repartir.

• Pedidos masivos pagados a través de la página RedCardOrders.com, cubriendo únicamente el valor de impresión y envío.

• Campañas locales, impulsadas por iglesias, fundaciones y colectivos como la UFW Foundation, que organizan entregas masivas en barrios con alta población latina.

Más allá del acceso: el uso correcto

Obtener la tarjeta es apenas el primer paso. Expertos subrayan que los migrantes deben llevarla siempre consigo y saber cómo utilizarla en escenarios reales. En caso de una visita domiciliaria, se recomienda mostrarla por la ventana sin abrir la puerta; en la calle, entregarla directamente al oficial recordando el derecho a permanecer en silencio.

La masificación de esta herramienta también ha derivado en talleres comunitarios y campañas digitales que enseñan a los inmigrantes qué decir, cómo actuar y qué no firmar en situaciones de riesgo.

Un recurso que simboliza resistencia

La tarjeta roja no es solo un pedazo de papel, sino un símbolo de dignidad y organización colectiva. Su amplia distribución en 2025 refleja tanto la presión de políticas migratorias más duras como la capacidad de las comunidades para generar respuestas prácticas.

El acceso a la tarjeta roja es hoy más sencillo que nunca: basta con descargarla, solicitarla en una organización o recibirla en campañas comunitarias. Según expertos este recurso confirma que, frente al miedo, el conocimiento de los derechos migratorios sigue siendo la defensa más efectiva.

El documento se introdujo en 2007 como respuesta a una serie de redadas laborales que generaron un clima de miedo entre comunidades inmigrantes en EE. UU. Desde entonces, se convirtió en un recurso valioso para recordar derechos constitucionales como el derecho a guardar silencio o a negar el ingreso al hogar sin una orden judicial. Para 2019 ya se habían producido y distribuido más de 6,1 millones de estas tarjetas.