Los trabajos para la instalación de una antena de telecomunicaciones ha puesto en alerta a los moradores del barrio Córdova. Este es un barrio residencial rodeado de escuelas y familias, que hoy se ha unido ante lo invisible y lo imprevisible.
La antena empezó a ser instalada en la avenida 6 y calle 15.
María Luisa Cevallos, residente del lugar, indicó que se trata de una torre de telecomunicaciones de 34 metros, que empezó a ser instalada por la empresa Aplicanet C.A.. “Esta situación nos ha generado un conflicto, ante el peligro que representa para la salud de cientos de niños y un riesgo estructural en una zona sísmica. “No nos oponemos al desarrollo de Manta, pero sí exigimos que se ubique en otras zonas. Consideramos que es nociva para la salud de los moradores”, declaró Cevallos durante una rueda de prensa junto a decenas de vecinos.

Más de 2 mil alumnos y 5 mil personas estarían en riesgo
El eje de la protesta radica en la proximidad de la antena a tres instituciones educativas: la Escuela Manuela Cañizares, la Escuela Pedro Fermín Cevallos y el Stella Maris. En ellas hay aproximadamente dos mil estudiantes, mientras que en todo el barrio se contabilizan cerca de 5 mil habitantes.
Según mediciones presentadas por los moradores, las distancias entre los planteles y el terreno donde se instala la antena oscilan entre 30 y 70 metros, violando la Ordenanza 033 de 2021 del Plan de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo de Manta. Esta ordenanza prohíbe instalaciones de este tipo a menos de 200 metros de centros educativos. “Estamos rodeados de unidades educativas. Esta torre no solo emite ondas radiomagnéticas con efectos cancerígenos probados en estudios serios, sino que podría aplastarnos en caso de un sismo”, enfatizó Cevallos.
La Panadería La Española, una de las más afectadas, se encuentra a escasos metros de la torre, donde familias enteras temen por la integridad de sus hogares. “Una torre de 34 metros atrae descargas eléctricas y, en un terremoto, nos aplasta. Tenemos mucho temor”, relató Cevallos.
Reforma a la ordenanza se hizo en marzo del 2025
El barrio, con su densidad residencial y proximidad al mar, choca con los principios de la ordenanza municipal: no afectar la salud, preservar el ornato urbano y garantizar la seguridad ambiental.
Guillén reseñó que desde el 2024 han habido dos intentos para instalar dicha antena, pero aquellos trabajos fueron suspendidos gracias a lo que decía la ordenanza. Sin embargo, ahora se enteraron que hubo una reforma a la misma para así dar paso a esta obra. La reforma a esta normativa se dio en marzo del 2025 y eliminó la prohibición explícita. “Calificamos de sorpresiva y carente de socialización adecuada. La socialización se hizo solo con moradores de la parte alta, no con los afectados. Ni siquiera los concejales sabían de la exclusión de la prohibición cerca de escuelas”, denunció Martha Gómez, vecina.

El Estudio Jurídico Guillén, representando a los demandantes, ha interpuesto una acción constitucional de medidas cautelares ante la Unidad de Violencia contra la Mujer de Manta. La audiencia está programada para este martes 23 de septiembre a las 11:00 a.m. “Buscamos suspender la construcción hasta que se demuestre que no hay peligro para la salud de niños, niñas y adolescentes. No se realizó la consulta ambiental previa, obligatoria por el artículo 398 de la Constitución, ni se exhibe permiso alguno en el sitio”, explicó el abogado Guillén, quien resaltó la ausencia de registro ambiental y normas técnicas para el ornato y la seguridad sísmica.
Instalación e antena lleva dos intentos fallidos
Desde 2024, han habido dos intentos fallidos de instalación, suspendidos por falta de permisos. Sin embargo, el “poder económico” de las telecomunicaciones –según los afectados– ha prevalecido. Aplicanet C.A., una empresa cuencana fundada en 2009 y especializada en instalación de antenas parabólicas, líneas de telecomunicaciones y redes informáticas, actúa como intermediaria para operadoras como Claro, Movistar o CNT. Ubica terrenos, los alquila a dueños privados y presiona por reformas normativas para eliminar barreras. “La compañía elige el sitio y debe respetar ordenanzas, pero aquí influyen en organismos para instalar donde sea”, acusó Guillén, citando un caso similar en Loja (2024). Allí los jueces anularon permisos por omisión de consulta ambiental, respaldado por la Corte Constitucional.
Piden reubicación de la antena
La falta de transparencia municipal agrava la crisis. “Hemos acudido al GAD, pero no hay respuestas. Queremos vivir con tranquilidad, no con la probabilidad de enfermar”, insistió Carlos Wong, procurador. De allí que la comunidad propone reubicar la antena en predios portuarios, donde las distancias de seguridad se cumplen y no hay impacto en barrios centrales o turísticos. “No nos oponemos al avance de las telecomunicaciones, pero exigimos sensibilidad y cumplimiento de la ley”, concluyó Wong.
Se intentó obtener la versión oficial del Municipio de Manta sin éxito. Marcos Benítez, coordinador de Planificación Institucional, se encuentra de vacaciones, mientras que Edgar Heredia, coordinador de Ambiente, no respondió llamadas ni mensajes de WhatsApp.