Un militar en servicio activo fue detenido la mañana de este jueves 16 de julio de 2026 en la ciudad de Guayaquil, tras intentar ingresar de forma ilegal cuatro teléfonos celulares a la Penitenciaría del Litoral. El uniformado pretendía burlar los filtros de seguridad del centro carcelario ocultando los dispositivos de comunicación en el interior de una funda de pan de molde.
El hallazgo se produjo durante los controles rutinarios que ejecutan los agentes de la Policía Nacional en el filtro de acceso principal del reclusorio. Los uniformados detectaron una inconsistencia física e inusual en la forma y el peso del empaque de pan de molde que transportaba el militar. Al inspeccionar minuciosamente el producto, descubrieron los terminales móviles ocultos.
Militar en servicio activo a órdenes de la justicia
Tras este hallazgo, el personal policial notificó de inmediato la novedad al superior jerárquico del bloque militar correspondiente. Acto seguido, se procedió con la detención del sospechoso para dar inicio a las investigaciones judiciales pertinentes.
Durante el procedimiento de arresto, al uniformado se le retiraron su equipamiento oficial, despojándolo de su arma de dotación y de su chaleco antibalas, antes de ser trasladado ante las autoridades judiciales competentes para resolver su situación jurídica en flagrancia.
La introducción de artículos no autorizados en las cárceles del país representa una grave vulneración a los protocolos de seguridad estatales. En el marco legal de Ecuador, el ingreso de objetos prohibidos a centros de privación de libertad, tales como armas, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, licores o herramientas tecnológicas de comunicación, es tipificado y sancionado severamente como un delito de carácter penal.
Establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
De acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los ciudadanos comunes que incurran en esta infracción, ya sea intentando ingresar los objetos o poseyéndolos dentro de las celdas, enfrentan una pena privativa de libertad que oscila entre uno y tres años.
No obstante, la legislación ecuatoriana es más drástica con los servidores públicos, militares o guías penitenciarios. Al cometer esta falta dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la sanción aplicable se duplica automáticamente, por lo que el militar procesado en este caso podría enfrentar una condena de hasta seis años de prisión, por su condición de funcionario público estatal.
