El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 87 votos afirmativos el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en materia aduanera.
La normativa busca modernizar la gestión aduanera, agilizar los procesos de comercio exterior, mejorar el manejo de mercancías, fortalecer controles contra el contrabando y dar mayor seguridad jurídica a importadores y exportadores.
El proyecto aprobado será enviado al Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o presenta una objeción dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
¿Qué busca la reforma aduanera?
Durante el debate, el asambleísta Sergio Peña, ponente del informe, señaló que la reforma no está dirigida a un sector específico, sino al funcionamiento general de la economía.
Según el legislador, más de dos millones de ecuatorianos dependen directa o indirectamente del comercio exterior. Por eso, sostuvo que optimizar los procesos aduaneros podría reducir costos logísticos, mejorar la disponibilidad de contenedores y facilitar el flujo de mercancías.
Uno de los problemas expuestos fue el ingreso anual de más de 12.000 contenedores al régimen de abandono, con mercancías valoradas en aproximadamente USD 450 millones.
Peña también indicó que existen bienes que han permanecido hasta 18 años almacenados en puertos y depósitos temporales. Esa situación, según lo expuesto en la Asamblea, genera congestión, pérdidas económicas, riesgos sanitarios y costos para el Estado por bodegaje, administración o destrucción de mercancías.
Controles contra el contrabando
La reforma también incorpora medidas orientadas a fortalecer la trazabilidad de mercancías y los controles aduaneros. El ponente señaló que el contrabando representa pérdidas anuales estimadas entre USD 1.500 millones y USD 1.700 millones para el Estado.
Entre los cambios aprobados consta la incorporación de un nuevo artículo que faculta al ente rector de la política comercial a implementar mecanismos de vigilancia, monitoreo y control previo a las importaciones cuando existan riesgos para la producción nacional. Esa aplicación deberá realizarse en concordancia con los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el país.
Abandono, decomiso y subastas
La normativa actualiza las reglas sobre aplicación de tributos aduaneros y precisa que la fecha de arribo de las mercancías será la llegada del medio de transporte al distrito aduanero donde se realice la descarga. También fortalece las causales de decomiso administrativo. Entre ellas se incluye a los medios de transporte que ingresen al país eludiendo el control aduanero y que no sean reclamados dentro del plazo de 90 días.
Otro punto central es la reforma al régimen de abandono definitivo de mercancías. La ley establece nuevos procedimientos y plazos para regularizar observaciones formuladas por la administración aduanera. Además, plantea mecanismos para la subasta de bienes abandonados y para recuperar espacios en puertos y depósitos temporales.
Cambios para vehículos y mercancías almacenadas
La ley también actualiza el régimen aplicable a los vehículos de uso privado de turistas. Asimismo, modifica los procesos de adjudicación gratuita y subasta pública de mercancías que permanezcan almacenadas por más de un año bajo custodia de la autoridad aduanera.
Estos cambios buscan reducir tiempos de permanencia de bienes en bodegas, mejorar la administración de espacios y evitar que mercancías sin regularización sigan acumulándose durante largos periodos.
Aplicación de la normativa
La reforma dispone que el presidente de la República modifique el reglamento correspondiente en un plazo máximo de dos meses. Después de esa actualización, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá adecuar su normativa secundaria, manuales de procedimientos y sistemas informáticos para aplicar las nuevas disposiciones.
La implementación será clave para medir el impacto real de la reforma en tiempos de despacho, control de mercancías, procesos de subasta, reducción de bodegaje y combate al contrabando. Por ahora, la ley queda pendiente de la revisión del Ejecutivo antes de su entrada en vigencia.
