La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional denunció un "complot de persecución" orquestado desde el Gobierno de Daniel Noboa y varias instituciones del Estado. El objetivo sería limitar la participación electoral de sus autoridades y candidatos, con especial énfasis en el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Las legisladoras Patricia Núñez y Viviana Veloz lideraron las declaraciones, en las que cuestionaron las acciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y señalaron que buscan inhabilitar a sus cuadros políticos ante el supuesto temor del oficialismo a perder en las urnas.

Denuncia contra el TCE y afectación a Pabel Muñoz

La persecución denunciada se centra en las autoridades locales, particularmente en el alcalde capitalino. Patricia Núñez rechazó las acciones del TCE y los cambios en el orden del día de la Asamblea Nacional, que considera ataques directos contra la gestión de Muñoz.

Revolución Ciudadana no presentará candidatos para las alcaldías de Guayaquil y Esmeraldas

Revolución Ciudadana anunció que no participará con candidaturas en Guayaquil y Esmeraldas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Rafael Correa explicó las razones de la decisión, mientras la suspensión del movimiento continúa vigente tras el fallo de la Corte Constitucional.

Viviana Veloz calificó las medidas del TCE como una "burda argucia" o "leguleyada" destinada a impedir una eventual reelección del burgomaestre sin sustento jurídico. "Vamos a respaldar a Pabel Muñoz, alcalde legítimo de Quito. Esta acción del TCE busca afectar su participación política y la voluntad expresada por los quiteños en las urnas", afirmó.

Críticas a otras instituciones del Estado

Veloz extendió las críticas hacia la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional, a las que acusó de actuar en complicidad o bajo tiempos políticos que perjudican la participación del movimiento.

Desde la dirigencia de RC sostienen que el Ejecutivo intenta forzar una "papeleta única" para las elecciones de noviembre ante el incumplimiento de sus promesas de campaña. El movimiento se verá obligado a inscribir candidaturas mediante alianzas antes del 18 de julio, aunque demandan participar con su propio casillero.

Acciones legales y denuncia internacional

Ante este escenario, Patricia Núñez anunció que no se limitarán a acciones internas. La bancada elevará las denuncias a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para verificar una posible violación a sus derechos políticos.

"¿Por qué no nos ganan en las urnas? Ganen en las urnas, no hagan lo que están haciendo, quitando a nuestros candidatos", expresó Núñez.