Una operación de reconocimiento y vigilancia liderada por el personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM), permitió detectar la existencia de una presunta concesión minera utilizada para actividades ilegales por parte de un Grupo Armado Organizado (GAO), en el sector de Cachi, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
El operativo se desarrolló en la tarde del viernes 27 de junio como parte de las acciones permanentes que ejecutan las autoridades nacionales para combatir estructuras delictivas que promueven economías ilegales y atentan contra la seguridad del Estado.
Huida de los implicados y destrucción del material encontrado en Camilo Ponce Enríquez
Según el reporte oficial, al notar la presencia militar, los presuntos miembros del grupo armado huyeron del lugar, abandonando el campamento minero. Posteriormente, los efectivos procedieron a inutilizar e incinerar el material encontrado en el sitio, como parte del protocolo de neutralización.
Entre los equipos destruidos se contabilizaron:
- Una boca de mina
- Un compresor de aire
- Un pulmón de aire tipo generado
- Dos tanques de almacenamiento con aproximadamente 250 galones de diésel
Estos elementos, utilizados para la extracción ilegal de minerales, fueron neutralizados in situ para evitar su reutilización por parte de estructuras criminales.
Contexto de seguridad y minería ilegal en Ecuador
El sector minero en Ecuador ha sido afectado en los últimos años por la infiltración de organizaciones criminales, que buscan financiarse mediante actividades como la minería ilegal, especialmente en zonas de difícil acceso como Azuay, Zamora Chinchipe y Esmeraldas.
Los Grupos Armados Organizados (GAO) no solo vulneran la normativa ambiental y de concesión minera, sino que también representan una amenaza directa a la seguridad nacional, al operar fuera de todo control institucional y en muchas ocasiones bajo esquemas violentos de coerción local.
Según datos de ARCOM y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se han ejecutado más de 120 operativos durante el primer semestre de 2025 relacionados con actividades extractivas ilegales, resultando en la destrucción de maquinaria, detenciones e incautaciones de recursos naturales.
Declaración oficial y compromiso institucional
Las Fuerzas Armadas reiteraron en un comunicado que mantendrán las acciones de control en zonas estratégicas, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y bajo el marco de los estados de excepción y los planes de seguridad nacional.
“Estamos firmemente comprometidos con la defensa de los intereses del Estado y la protección de los recursos naturales de todos los ecuatorianos”, indicó la institución militar.
La acción se enmarca también en el Plan de Seguridad Integral, que busca fortalecer el control sobre actividades mineras legales e ilegales y desarticular redes delictivas asociadas al crimen organizado transnacional.
Vigilancia constante en Camilo Ponce Enríquez
El caso registrado en Cachi refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en zonas donde la minería, legal o ilegal, es parte del dinamismo económico. Las acciones coordinadas entre entidades estatales y fuerzas de seguridad son clave para impedir que grupos armados se consoliden en el territorio.
Las autoridades continúan investigando la concesión minera implicada y buscan establecer la cadena de responsabilidades legales y operativas que permita judicializar el caso y evitar futuras ocupaciones del sitio.
