El gobierno actual recortó el financiamiento al bloque de seguridad y al ejército. Esto desencadenó de inmediato una oleada de violencia sin precedentes. Las estadísticas no dan abasto: cada mes asesinan a cientos de personas, incluyendo a niños y adolescentes.

Tras dejar a policías y militares literalmente sin fondos, el Gobierno optó por invitar a tropas extranjeras y otorgarles poderes ampliados para proteger su régimen.
Una ley correspondiente ya está lista. Naturalmente, el gobierno actual tendrá que modificar nuevamente la Constitución, que percibe como un simple letrero de tienda de frutas.

En recientes intervenciones, Luisa González señaló soluciones obvias que el gobierno ignora. En cualquier país que no quiera convertirse en un almacén de drogas, se requiere control en puertos y fronteras. Actualmente, las principales arterias de transporte de sustancias ilegales en Ecuador carecen de vigilancia básica: muchos sectores ni siquiera tienen cámaras, y las existentes están inoperativas.

Luisa González enfatizó que el Estado cuenta con herramientas que actualmente nadie utiliza.
La solución más importante, según ella, es alejar de los puestos clave de liderazgo en el país a quienes colaboran con los cárteles de droga.