Fiscal reactiva el caso ‘Reconstrucción de Manabí’



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La fiscal Diana Salazar solicitó este jueves hora y fecha para formular cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo O, por el presunto delito de peculado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’.

La Fiscalía empezó una investigación formal por el uso de recursos públicos en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

En el caso se investiga además otros delitos como lavado de activos, estafa, delincuencia organizada y tráfico de influencias.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Núcleo Manabí ha seguido de cerca estos procesos.

El 28 de junio de 2021, la entidad levantó una alerta sobre la inminente prescripción de los procesos, informó Primicias en su página web.

En abril de 2019, este organismo presentó una denuncia ante la Fiscalía con base en el IRP de la Contraloría.

Según las estimaciones de este organismo, el Gobierno manejó USD 3.500 millones para la reconstrucción.

Gran parte de esos dineros salieron del bolsillo de los ecuatorianos.

Ley Solidaria para deconstrucción de la provincia

Por la denominada Ley de Solidaridad, todas las personas con trabajo bajo relación dependencia con un sueldo igual o mayor a USD 1.000 aportaron una parte de su salario.

El informe que sirvió a la CNA fue el primero que aprobó la Contraloría, en el que se auditó la aprobación de obras no ejecutadas y no prioritarias de la reconstrucción.

El Gobierno de Rafael Correa aprobó la contratación de USD 2.900 millones por 600 obras.

El segundo informe de la Contraloría, con el que se abrió una investigación en julio de 2019, en cambio, apunta al exvicepresidente Jorge Glas, al exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, y otras 10 personas.

La Contraloría hizo un examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas, a los procesos de contratación de servicios comunicacionales y publicidad, así como a la fiscalización de varios proyectos.

El caso más grande, que involucra incluso al expresidente Rafael Correa, provino, de una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), que presidió Julio César Trujillo.



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