El periodo de la fiscal general Diana Salazar termina en el 2025 y no puede reelegirse
En abril del 2025, es decir en 17 meses, se termina el periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto, siempre y cuando, el juicio político que el correísmo impulsa, no se concrete y no logre su destitución.
En cualquiera de los escenarios, la institución deberá renovar a su máximo representante en abril de 2025.
Eso lo establece el artículo 196 de la Constitución de la República.
Allí se determina que la Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará funciones por seis años y no podrá ser reelegido.
Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) señaló que los concursos pueden durar entre seis y ocho meses.
Esto, luego de la experiencia con el concurso para seleccionar al nuevo Contralor General del Estado, detalló en una entrevista en Ecuavisa.
Para garantizar a la o el sucesor de Salazar, el Cpccs debería iniciar el proceso a mediados del 2024.
“No deben existir mayorías, minorías e intereses personales. Debemos actuar a favor de la gente y devolver la confianza”, sostuvo Bonifaz.
Para ella, y el actual Consejo, el objetivo es recuperar la institucionalidad y enfocarse en sus atribuciones.
Buscan promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y elegir autoridades.
Según lo establece la Constitución, la selección de quien dirija la Fiscalía deberá realizarla una comisión ciudadana de selección.
Esta será integrada por cinco delegados de las funciones del Estado y por cinco ciudadanos seleccionados por el Cpccs.
Los participantes deberán superar cuatro fases: postulación, calificación de méritos, pruebas de oposición e impugnaciones.
Una vez terminadas estas etapas, las autoridades certificarán a la o el mejor puntuado que liderará la Fiscalía.
Para asumir el máximo cargo en la Fiscalía General del Estado, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
- Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país.
- Tener conocimientos en gestión administrativa.
- Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años.
