Un juez en Santo Domingo resolvió no autorizar el desalojo inmediato de 852 comerciantes de la calle peatonal 3 de Julio. Esto, tras una acción de protección impulsada por la concejal Diana Coloma.

Fallo judicial condiciona desalojo

La decisión, que se conoció en una audiencia de conciliación, determina que los comerciantes no podrán ser reubicados hasta que exista una infraestructura adecuada. Es decir, hasta la construcción del Mall Santo Domingo, lo que genera interpretaciones contrapuestas entre el Municipio y los comerciantes.

El juez a cargo de la acción de protección resolvió no autorizar el desalojo inmediato de los 852 comerciantes ubicados en la calle peatonal 3 de Julio. Esta decisión se dio a conocer el martes 8 de julio de 2025 durante una audiencia de conciliación, tras más de un año de proceso legal.

La resolución judicial establece que los comerciantes no podrán ser reubicados sin una infraestructura que garantice sus condiciones de trabajo. Esto implica que su permanencia en la peatonal 3 de Julio se extiende hasta la culminación del Mall Santo Domingo.

Los comerciantes acompañaron el proceso

Representantes de los comerciantes respaldaron esta interpretación, afirmando que la decisión del juez Luis Rodríguez ratifica su permanencia temporal hasta que se construya el nuevo espacio.

Previo a la audiencia, comerciantes autónomos se concentraron en los exteriores del Palacio de Justicia, expresando su inquietud ante una posible orden de desalojo. La diligencia  contó con representantes del Municipio, abogados de ambas partes y dirigentes gremiales de comerciantes como terceros interesados.

Discrepancias sobre el resultado

Al concluir la audiencia, tanto el Municipio como los comerciantes ofrecieron versiones opuestas sobre el alcance del fallo. El Municipio afirmó que el juez no ha dispuesto la suspensión del proyecto del Mall Santo Domingo, el cual se construirá en un terreno de 8 hectáreas entre las avenidas Abraham Calazacón y Bruselas.

El alcalde Wilson Erazo ha sostenido públicamente que la resolución judicial avala la continuidad del proyecto y da la razón a la administración municipal. Se espera que el 9 de julio el alcalde brinde más detalles sobre esta resolución.

En contraste, Ramiro Abad, presidente de la Federación de Comerciantes 3 de Julio y tercero interesado en el caso, manifestó que el juez ha sido explícito al ratificar que los comerciantes no pueden ser removidos mientras no exista un nuevo centro comercial con condiciones adecuadas y garantizadas. “Queda claro que no pueden reubicarnos sin garantías. Eso sería una violación de derechos”, puntualizó Abad.

Futuros escenarios en el comercio de Santo Domingo

Si bien la audiencia no resultó en una orden de desalojo inmediata, tampoco se pronunció sobre una reubicación definitiva, a pesar de la insistencia del Municipio en contar con un plan. Según un informe técnico incorporado al proceso judicial, los comerciantes deberán visitar el Mall Santo Domingo cuando la obra alcance un 25% de avance.

Con un 50% de avance, podrán adquirir sus locales mediante una reserva. Al llegar al 75% de la construcción, los vendedores deberán reservar sus locales con una promesa de compraventa. Finalmente, al 100% de la obra, los comerciantes que no hayan cumplido los pasos anteriores perderán su derecho a un local, y estos serán reasignados.

Profesionales opinan sobre el fallo

Manuel Pinto, urbanista y docente universitario, considera que la resolución judicial representa un “empate forzado” entre el Municipio y los comerciantes. Esta situación, según Pinto, permite a ambas partes argumentar una victoria, pero sin una solución definitiva al conflicto.

“El juez no bloquea el proyecto de construcción, lo cual beneficia al Cabildo; pero al mismo tiempo, establece que no se puede ejecutar un traslado si no hay garantías estructurales, lo cual favorece a los comerciantes. El riesgo es que este limbo legal prolongue el desorden en el espacio público y retrase los avances urbanísticos”, explicó Pinto.

Desde el ámbito legal, la abogada constitucionalista Estefanía Roldán opina que el fallo prioriza los derechos de grupos de atención prioritaria sin obstaculizar el desarrollo de infraestructura.

“El juez pondera derechos: libre tránsito, derecho al trabajo y la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas. Lo que manda es que no puede haber reubicación sin garantías reales y verificables”, indicó Roldán. Además, la abogada sugiere que el fallo evidencia una falta de planificación efectiva por parte del Cabildo en la ejecución del proyecto (21).