La movilización nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales, para este 7 de agosto del 2025, se mantiene. Esta marcha de resistencia rechaza la Ley de Integridad Pública, enviada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea Nacional.
El anuncio llega a pesar de la decisión de la Corte Constitucional de admitir a trámite las demandas de inconstitucionalidad. Además, la Corte Constitucional suspendió importantes artículos en tres leyes clave del Gobierno.
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, reafirmó que la convocatoria se mantiene en pie debido a la notoria falta de diálogo con el Gobierno. “Propiciaremos acciones de defensa jurídica, de resistencia y otras acciones que nos veremos obligados a tomar porque el Gobierno no entiende de diálogos”, indicó Bedoya.
La movilización iniciará a las 16:00, desde la Caja del Seguro, ubicada en el norte de Quito, con destino a la Corte Constitucional (CC).
Resistencia del FUT contra las políticas de Daniel Noboa
A finales de julio del 2025, el FUT y otras organizaciones denunciaron la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos. Expusieron una situación “crítica” de la seguridad, evidenciando los problemas que impulsan esta movilización nacional.
Dos tribunales de admisión de la Corte Constitucional (CC), suspendieron provisionalmente 17 artículos de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública. Estas normas las impulsó el presidente Daniel Noboa y su bancada legislativa.
Los jueces también suspendieron ocho artículos del reglamento para aplicar la Ley de Inteligencia. Se trata de una decisión momentánea, la cual estará vigente hasta que las demandas lleguen al Pleno.
Entre los artículos suspendidos, por ejemplo, está todo el capítulo de la Ley de Inteligencia que obliga a personas naturales y empresas a entregar información al Gobierno Nacional. Esta medida afecta a compañías telefónicas. La Corte Constitucional reconoce una posible inconstitucionalidad en estos artículos.
Puntos clave de la decisión judicial
Por otro lado, en la Ley de Solidaridad, quedaron suspendidas las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, el indulto presidencial diferido y el concepto de bienes que son objetivos militares. A pesar de estos importantes cambios, el FUT insiste en la necesidad de la movilización en las calles.
Sobre la Ley de Integridad Pública, solo se suspendió la disposición transitoria. Esta norma obligaba a la Junta de Política y Regulación Financiera a definir cuáles cooperativas debían convertirse en bancos. Esta decisión de la Corte Constitucional es un punto de partida, pero la protesta del FUT continúa.