Los siete procesados no se acogieron al procedimiento abreviado y no aceptaron su culpabilidad en la trama de corrupción relacionada con la fallida construcción de la casa de salud. 

La fiscal general, Diana Salazar, habló este martes ante el juez del caso y dijo que Azuero y otros son autores de delincuencia organizada y pidió que se los llame a juicio.

El Código Penal (art. 369) sanciona ese delito con cárcel de hasta 10 años.

Salazar sustentó su dictamen en más de 30 elementos. Según la Fiscalía, los procesados formaron una estructura organizada que buscaba beneficio económico.

Salazar dijo que para ello efectivizaban cheques que provenían del contrato para la construcción del hospital de Pedernales y ejercían sus actividades ilícitas de forma permanente y planificada.

Daniel Morales, abogado de Azuero, dijo que las grabaciones puestas en cadena de custodia han violado la Ley y el derecho a la defensa de su cliente.

Indicó que además se ha violado el principio de libertad probatoria. La Procuraduría dijo que con los elementos hallados configuran el delito de delincuencia organizada y pidió al juez que se acepte el dictamen fiscal y llame a juicio a los procesados. También solicitó que se ratifiquen las medidas cautelares a fin de asegurar la presencia de los procesados a la audiencia de juicio.

De momento Azuero y el subdirector de la Secob, Jorge Jalil, se encuentran prófugos de la justicia y bajo la figura legal de delincuencia organizada no pueden ser juzgados en ausencia.