La Asamblea Nacional, a través del Consejo de Administración Legislativa (el CAL), admitió a trámite una queja presentada por la asambleísta Valentina Centeno contra su colega de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Dominique Serrano. La decisión, tomada el viernes 4 de julio de 2025, responde a hechos ocurridos durante la sesión No. 007 de la Comisión de Transparencia. Con el respaldo de cinco legisladores, el CAL actuó conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La queja señala una presunta inobservancia de Serrano a las normas de comportamiento parlamentario. En la sesión del 2 de julio, el asambleísta de 19 años fue captado dibujando mientras se fiscalizaban contratos de la empresa Progen con el Gobierno. Centeno argumentó que esta conducta refleja una falta de profesionalismo.
El CAL inicia investigación
Centeno afirmó: “El que un asambleísta se dedique a dibujar en una sesión de una comisión, denota una falta de profesionalismo que lesiona la imagen institucional de la Asamblea Nacional”. La asambleísta solicitó una sanción conforme al artículo 169 de la LOFL, que contempla la suspensión sin remuneración de uno a ocho días. Serrano, el legislador más joven del país, tiene tres días para responder a la notificación.
El CAL, en cumplimiento del debido proceso, notificará al asambleísta para que presente sus descargos. Posteriormente, el organismo dispone de 15 días para emitir un pronunciamiento sobre la posible falta administrativa leve. La queja se fundamenta en el incumplimiento de normas de respeto institucional.
Fiscalización de programas y bonos aprobada
En la misma sesión, el CAL declaró competente a la Comisión de Transparencia para fiscalizar programas, bonos, becas y pagos anunciados entre el 22 y el 26 de marzo de 2025. La asambleísta Diana Jácome, presidenta de la comisión, destacó que esta tarea corresponde a su ámbito de transparencia y control social.
Jácome señaló: “De conformidad con el artículo 21, numerales 11 y 12 de la LOFL, la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión”. En consecuencia, ninguna otra mesa legislativa podrá requerir información sobre estos temas. La decisión refuerza el rol de la Comisión de Transparencia en la fiscalización de la gestión pública.
