Tres fundaciones que trabajan en acogimiento de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad encendieron las alertas frente a una disposición del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) que recorta su respaldo financiero.
Las instituciones solicitan de manera urgente que el Gobierno mantenga la cobertura total del presupuesto de alimentación en estos espacios de refugio, asegurando así el derecho a una nutrición adecuada.
La petición la han presentado de forma conjunta las organizaciones 'Santa María de la Esperanza' de Olón (provincia de Santa Elena), 'Nueva Esperanza' de Babahoyo (provincia de Los Ríos) y 'Casa Hogar de Belén' de Portoviejo (provincia de Manabí), todas sin fines de lucro y "con un trabajo de décadas en el cuidado integral de menores bajo la modalidad de acogimiento institucional".
Impacto de la reducción en las fundaciones
Las fundaciones advierten que la nueva disposición ministerial contempla que solo se cubrirá el 50% del rubro destinado a la alimentación, dejando en sus manos la responsabilidad financiera de la otra mitad.
Esta medida, según las oenegés ya se reflejó en la ficha de costo recibida al inicio del año 2026 por parte del MDH como parte de la preparación para el próximo convenio anual, generando una preocupación inmediata en las directivas de estas organizaciones. En el momento, estas tres fundaciones atienden a un total de 140 menores: 70 en Olón, 40 en Portoviejo y 30 en Babahoyo.
"La inclusión de este nuevo rubro se hizo sin planificación, sin previsión presupuestaria y sin previo aviso, lo que deja a las fundaciones sin margen de acción ni recursos inmediatos para asumir un ajuste estructural de esta magnitud", señalaron en un comunicado enviado al ministerio.
El peso de una obligación estatal
Las fundaciones subrayan que los recursos aportados por el ministerio son fundamentales para garantizar la atención de calidad que la niñez y adolescencia más vulnerable necesita.
Destacan que trasladar el costo de este derecho básico a entidades privadas es jurídicamente improcedente, porque el Artículo 13 y el Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador reconocen a la alimentación como una obligación fundamental e irrenunciable del Estado hacia la población en mayor riesgo.
El cumplimiento de estos derechos no admite retrocesos ni condicionamientos por limitaciones presupuestarias.
Comunicado de Fundaciones
Además, sostienen que la medida afecta la sostenibilidad del servicio y pone en peligro la continuidad de la atención brindada, lo que sería inadmisible desde un enfoque de derechos.
Riesgo para la continuidad del servicio
Las organizaciones alertan que no tienen la capacidad financiera para absorber este gasto adicional, especialmente considerando que los fondos de contraparte actualmente vigentes son indispensables y ya están comprometidos para otros aspectos operativos esenciales.
"El Estado ha cubierto históricamente la alimentación por tratarse de una necesidad básica de una población prioritaria", recalcan. Cambiar esta práctica, insisten, implicaría delegar una responsabilidad esencial de la administración pública, contrariando el principio del interés superior de la niñez y adolescencia.
La solicitud es que el Ministerio de Desarrollo Humano revise y reconsidere esta política, para que el Estado vuelva a hacerse cargo del 100% de la alimentación para los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, tal como ha ocurrido en ejercicios fiscales previos.
Las directivas reiteran su compromiso con la protección y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, pero subrayan la urgencia de hallar una solución que evite demoras en la firma de convenios y garantice la operación continua de los servicios.
Las fundaciones reciben a menores de edad en estado de vulnerabilidad, desde infantes de meses hasta aquellos en edad escolar. A ellos se les debe sufragar gastos de alimentación, vestimenta, educación (útiles, transporte, uniformes, etc.), entre otros. Aquello se solventa con inversión de las oenegés y voluntarios, además del apoyo estatal.
Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento del MDH.
