La designación del próximo Fiscal General del Estado podría extenderse hasta julio de 2026, según el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, debido a demoras, trabas legales y acciones constitucionales que amenazan el proceso en curso.

Paúl Ocaña, también titular de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, explicó que la falta de planificación y la conformación cuestionada de la comisión de selección comprometen la transparencia y prolongan la incertidumbre institucional.

Comisión independiente y respaldo académico

El jurista aclaró que su comisión no forma parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sino que mantiene independencia para monitorear el proceso. “Nuestra labor es paralela, con el fin de transparentar y alertar de posibles fallas”, dijo.

Según Ocaña, este organismo cuenta con el respaldo técnico y económico de la Embajada de Estados Unidos y la participación de universidades como la Católica de Quito, UEES, Internacional y otras, lo que otorga legitimidad a su observación.

Algunos datos clave de la comisión de selección

• Postulantes iniciales: 69.

• Admitidos por el Consejo de Participación: 32.

• Evaluación de la Comisión Cívica: solo 24 debieron pasar.

• Proceso de selección: entre los 32 se sortearán 5 titulares y 5 suplentes.

• Fiscal subrogante actual: Wilson Toainga, tras la renuncia de Diana Salazar en mayo de 2025.

• Plazo estimado por Ocaña: nuevo Fiscal recién en julio de 2026.

Riesgos de retrasos

El presidente del gremio advirtió que la presentación de acciones constitucionales por parte de postulantes podría suspender el proceso durante meses o incluso años. Además, reconoció que la consulta popular impulsada por el Ejecutivo, si prospera en la Corte Constitucional la pregunta sobre el CPCCS, podría dejar en el aire el concurso y obligar a reiniciarlo.

La conformación de la comisión de selección también genera críticas. De los diez miembros titulares, cinco son delegados de funciones del Estado y cinco se eligen mediante sorteo, fórmula que para Ocaña compromete la confianza ciudadana.

Perfil del próximo Fiscal General

El jurista destacó que el nuevo titular debe ser:

• Especialista en derecho penal y con experiencia en litigación oral.

• Idóneo en lo económico, con patrimonio acorde a ingresos declarados.

• Independiente políticamente, sin afiliaciones partidarias.

• Ético en su ejercicio profesional, sin vínculos recurrentes con la defensa de delincuencia organizada.

• Con al menos 15 años de experiencia, más de lo que hoy exige el reglamento (10).

Transparencia y lecciones del pasado

Ocaña subrayó que el concurso actual incorpora la participación de universidades y gremios profesionales, lo que otorga mayor legitimidad. Sin embargo, recordó que en procesos anteriores se cometieron errores graves, como la falta de publicidad y la admisión de postulantes sin especialización penal.

“Hoy es requisito conocer litigación oral y derecho penal, porque el sistema adversarial exige capacidad técnica en juicios estratégicos”, explicó.

La advertencia de que Ecuador podría esperar hasta 2026 para tener un nuevo Fiscal General revela no solo la fragilidad del proceso, sino también la urgencia de garantizar independencia y transparencia en la designación de una autoridad clave para combatir la corrupción y el crimen organizado.