La institucionalidad judicial de Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. En un espacio de entrevista de Manavisión Plus, el abogado penalista Ramiro García, desmenuzó la reciente comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional, cuestionó la legalidad del Fiscal General encargado y detalló las supuestas inconsistencias en el proceso penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Para García, el país no solo enfrenta una parálisis de gestión pública, sino un asedio directo de operadores vinculados a la criminalidad organizada dentro de las cortes.

-Abogado, comencemos con el tema de Mario Godoy y la denuncia que se ha dado estos días, terminando con su comparecencia en la Asamblea Nacional. En esa intervención, Godoy habló del caso Triple A, en el cual usted defiende al alcalde de Guayaquil. ¿Qué lectura le da a esto?

La verdad resultó de alguna manera sorpresivo que el señor Godoy haya hecho una comparecencia tan burda en la que se refiere a un caso que no tiene nada que ver con lo que le están acusando a él. A Godoy le acusan de haber presionado a través de sus altos mandos del Consejo de la Judicatura —en específico del director provincial de Pichincha, Henry Gaybor— a dos jueces para que declaren inocente a un narcotraficante serbio en un caso de lavado de activos. Punto. Esa era la acusación y eso era lo que tenía que ir a explicar. Nada de eso dijo. Todo lo contrario; dijo que quienes quieren impugnar su presencia quieren tomarse la justicia para garantizar la impunidad. Y ahí empezó a hablar del caso denominado Triple A. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Lo que sí deja en evidencia es que este señor actúa como un operador de casos específicos con intereses específicos.

-¿Por qué considera que decidió evadir el tema central de la denuncia y enfocarse en otros procesos?

Porque no puede negar lo evidente. Y lo evidente es que, a través de su esposa, están representando a los narcotraficantes más importantes del país: Rasquiña, Fito, ahora el narcotraficante serbio. Varios de los narcos más importantes han pasado por ese estudio jurídico. En un país que supuestamente lucha contra el crimen organizado, poner a este señor a manejar la justicia es un contrasentido.

Pero no solo eso. El problema es que, siendo presidente de la Judicatura, un juez anticorrupción denuncia que, a nombre de Godoy, el director provincial presiona a dos jueces para que declaren inocente a este señor y le devuelvan su dinero. Para esto, se valen del caso Triple A, porque los jueces presionados son Christian Fierro y Carlos Serrano. Como no hicieron caso y el 20 de noviembre condenan al narcotraficante, el 2 de diciembre, el fiscal general encargado, nombrado por Godoy ilegalmente, solicita la suspensión del juez Fierro, que era parte del tribunal del caso Triple A. En dos días, Godoy y el Pleno resuelven la suspensión. Al juez Serrano le quitan la seguridad pese a informes de riesgo. Ese es el nivel de presión de operadores del narco.

-El presidente de la República le sugirió a Godoy que renuncie, pero no lo hizo. ¿Qué opina de la posición del resto de integrantes del Pleno de la Judicatura?

Me extrañó mucho la actitud de los demás vocales, que de una u otra manera están siendo arrastrados por esta correntada de lodo y excremento que implica la presencia de Godoy. Estamos viviendo un momento muy triste; la justicia está cooptada por los peores intereses posibles. El presidente apeló a la decencia de Godoy, pero el problema es que Godoy no tiene un mínimo de decencia. Difícilmente va a renunciar porque está operando a favor de la criminalidad organizada. Es como pedirle a alguien que se encontró una mina de oro que la abandone.

-Desde el marco político, ¿ve factible una censura en la Asamblea Nacional?

A Godoy le deben muchos favores muchos asambleístas, sobre todo de la bancada oficial. Su presencia es un lastre político para el gobierno. La cercanía de Godoy con el gobierno hace que este descrédito termine lastrando al gobierno central y le pase una factura política altísima al presidente. Él se mantendrá ahí para presionar en casos específicos, como el proceso contra el alcalde de Guayaquil, que les interesa políticamente.

-Hablemos precisamente del caso Triple A. El alcalde Aquiles Alvarez pidió ser recibido en la Asamblea, pero sectores oficialistas dicen que la Asamblea no es un juzgado y que debe defenderse en la Corte. ¿Cómo avanza ese tema?

Hay que deslindar lo político de lo judicial. En lo judicial, la defensa se realiza en la corte; estuvimos presentes el 24 de diciembre para la audiencia, pero no se instaló por causas ajenas a nosotros. En lo político, me parece que están corriendo a la posibilidad de confrontar al alcalde. Le huyen, le tienen pavor. Ustedes en Manabí tienen una expresión muy simpática, 'les piña'. No quieren verle frente a frente porque saben que les va a cantar sus verdades y la podredumbre de la justicia. Trataron de evitar por todo lado que Godoy dé la cara en la Asamblea y ahora evitan al alcalde.

-La Fiscalía estimó un perjuicio de 61 millones de dólares por supuesta adquisición irregular de combustible. ¿Está lista la defensa para demostrar lo contrario?

Es muy fácil de entender: el señor Aquiles Alvarez era representante de una comercializadora, un punto intermedio entre la gasolinera y Petroecuador. La comercializadora no puede comercializar un solo galón por fuera de un procedimiento totalmente reglado y autorizado por Petroecuador y la Agencia de Control. Es un delito de comisión imposible. Inventaron que una gasolinera vendió miles de galones a un cliente, pero en este proceso tenemos 22 procesados y los 22 son vendedores. No hay un solo comprador identificado. ¿Cómo hay comercialización ilícita si no hay un comprador? Es una narrativa falsa y mentirosa.

- ¿Usted sostiene entonces que este proceso busca perjudicar políticamente al alcalde de Guayaquil?

Cualquiera con un coeficiente intelectual normal lo entiende perfectamente. Han llegado al punto de invitarlo a una reunión con la Canciller y luego pedir que se revoque su medida sustitutiva por no presentarse en Fiscalía ese mismo día. Han usado incluso a Daniel Salcedo para generar narrativas falsas con fotos trucadas. Esto solo ha consolidado la imagen política del alcalde porque para todos está claro que es una persecución sin sentido.

-Cambiando de tema, ¿qué pasó con el caso Progen? ¿Quedó en el olvido?

No puede quedar en el olvido un atraco de 150 millones de dólares, que sumado a ATM llega a 250 millones gastados en generadores que son chatarra. El recordatorio vendrá cuando empiecen otra vez los apagones. Tenemos un déficit energético enorme y este gobierno no ha generado un solo megavatio con esa inversión. Son tan pillos e ineptos que se gastaron esa fortuna y hoy dependemos exclusivamente de si llueve.

-¿Quién debería asumir la responsabilidad por esas compras?

El ministro Luque sigue en funciones, la ministra Manzano sigue en funciones. Cambiaron las condiciones del contrato para pagar sin que los generadores funcionen. Están comprando tiempo, pero esto va a explotar. Tienen un fiscal general encargado de bolsillo, el señor Carlos Alarcón, que está ahí ilegalmente porque no cumple los requisitos de la normativa interna. Mientras lo tengan sentado ahí, no pasará nada, pero pronto tendremos no solo prófugos "verdes", sino también prófugos "morados".

-Una última pregunta, doctor. Usted ha combatido los autoritarismos de Gutiérrez y Correa. ¿Cómo maneja profesionalmente la defensa de Aquiles Alvarez, considerando su cercanía política con el correísmo?

Yo combatí el autoritarismo de Gutiérrez, el de Correa cuando metió la mano a la justicia, y combato el de Noboa ahora. Primero, Aquiles Alvarez no fue parte del gobierno de Correa ni de sus actos de corrupción; es un funcionario de elección popular en una coalición. Decidí defenderle porque, tras revisar el expediente, vi que realmente es inocente. Negar la defensa a una persona inocente por su cercanía política sería traicionar mis códigos de ética profesional. Siempre he sido un defensor de derechos desde lo académico.