La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, negó la noche de este martes 16 de junio de 2026 que esa cartera de Estado haya emitido instrucciones para que estudiantes realicen un supuesto "juramento de lealtad" al presidente Daniel Noboa.
El pronunciamiento se produjo después de que varios videos circularan en redes sociales. En las grabaciones se observa a grupos de niños repitiendo un juramento dirigido por una docente dentro de una institución educativa. La ministra aseguró que esos actos no fueron autorizados ni avalados por el Ministerio.
Ministerio desconoce supuestas directrices
Alcívar afirmó que la entidad "no ha emitido, no ha autorizado y no avala" las supuestas disposiciones difundidas en plataformas digitales. También calificó lo ocurrido como un uso indebido del nombre y de la identidad institucional del Ministerio.
Según la funcionaria, la difusión comenzó con publicaciones en redes sociales que posteriormente fueron replicadas por diferentes cuentas. La ministra atribuyó el episodio a una operación de manipulación política, aunque esa versión deberá ser verificada dentro de las investigaciones anunciadas.
Correo habría suplantado a una dependencia oficial
De acuerdo con la explicación de Alcívar, rectores y directores de algunas instituciones educativas de Quito y Guayaquil habrían recibido mensajes desde una cuenta de Gmail que buscaba aparentar una relación con la Dirección de Formación Continua.
La ministra sostuvo que la dirección electrónica era falsa y habría sido creada para suplantar a dependencias del Ministerio de Educación. Desde esa cuenta, según su versión, se enviaron documentos adjuntos, afiches e instrucciones para que las autoridades educativas organizaran los supuestos juramentos.
También se habría solicitado a los planteles remitir fotografías como evidencia del cumplimiento de esas indicaciones. Alcívar calificó este pedido como inaceptable y señaló que las disposiciones contenidas en el correo eran ajenas a los objetivos educativos de la institución.
Videos muestran participación de estudiantes
Los videos cuestionados muestran a niños pronunciando frases presentadas como un juramento, mientras una docente dirige la actividad. Hasta el momento, no se ha detallado oficialmente cuántas instituciones participaron, dónde fueron grabados todos los videos ni cuántos estudiantes estuvieron involucrados.
Tampoco se han difundido los nombres de las autoridades educativas o docentes que habrían recibido los correos. El Ministerio no ha precisado si las instituciones ejecutaron las instrucciones sin verificar previamente la autenticidad del remitente.
Denuncia presentada para iniciar investigaciones
La ministra informó que el Ministerio presentó una denuncia formal para que las autoridades competentes investiguen el origen de los mensajes, la posible suplantación de identidad institucional y la difusión de los materiales.
"Este acto no va a pasar por alto", manifestó Alcívar al anunciar el inicio de las acciones legales. Sin embargo, no detalló ante qué institución fue presentada la denuncia ni los posibles delitos que serán investigados.
El proceso deberá determinar quién creó la cuenta de correo, quién elaboró los documentos enviados y si existió participación de personas vinculadas con instituciones educativas o actores externos.
Llamado a verificar la información
Alcívar pidió a docentes, autoridades, estudiantes y representantes legales no cumplir instrucciones enviadas desde correos sospechosos o páginas que no correspondan a los canales institucionales.
La ministra recordó que las disposiciones oficiales deben verificarse únicamente en las plataformas del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. La entidad señaló que no ha autorizado actividades políticas, proselitistas ni juramentos de lealtad dentro de los establecimientos educativos.
El pronunciamiento oficial no elimina la necesidad de esclarecer cómo se organizaron las actividades observadas en los videos y por qué algunas instituciones habrían ejecutado instrucciones recibidas desde una cuenta no institucional.
Las autoridades educativas deberán establecer responsabilidades administrativas si se confirma que personal de los planteles involucró a estudiantes en actividades ajenas a la formación académica y sin una disposición oficial válida.
